Siete años después: los cuadernos ya son una enciclopedia y van a juicio

El 24 de septiembre comenzará en Argentina un juicio histórico, un proceso que destapa una cloaca de corrupción que lleva años en el ojo público y que, sin embargo, recién ahora llega a los tribunales en su fase oral. 

La causa conocida como "los cuadernos de la obra pública", revelada en agosto de 2018 por el periodista Diego Cabot en La Nación, expuso un sistema de coimas masivo que involucró a los nombres más pesados del poder político y empresarial del país. 

Siete años después, con 146 acusados, 626 testigos, 31 arrepentidos —¡hasta arrepentidos de arrepentidos!— y una maraña de maniobras legales para frenar el proceso, este juicio promete ser un espectáculo de proporciones épicas, pero también una advertencia para el futuro.

Todo comenzó con los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, el subsecretario de Julio De Vido que resultó ser el recaudador de un esquema de coimas que movió cifras aún incalculables. Los cuadernos, que detallaban entregas de bolsos con dinero, nombres, fechas y lugares, fueron el disparador de una investigación que puso en jaque a funcionarios y empresarios de primer nivel. 

En el banquillo estará, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita, un delito que podría costarle hasta 10 años de prisión. Las pruebas, según los fiscales, son contundentes, pero no sin controversia.

Desde el inicio, los acusados y sus defensas han intentado desacreditarlas. Primero, cuestionaron que los cuadernos entregados a Cabot eran fotocopias, no originales. Sin embargo, cuando la justicia llamó a Centeno, este confirmó haberlos escrito, y peritajes caligráficos respaldaron su autoría. 

Luego, se dijo que los testimonios de los arrepentidos fueron obtenidos bajo presión. Pero, como señaló un juez, nadie fue llevado a una mazmorra para confesar: las declaraciones se hicieron con abogados presentes, a la luz del día. Incluso hay testimonios no arrepentidos, como el de Abel Medina, exjefe de Gabinete, que admitió haber recibido bolsos con dinero para campañas electorales, aunque afirmó desconocer su origen ilícito.

Los empresarios, por su parte, ensayaron otra defensa: no eran coimas, sino extorsiones. Alegan que pagaban para no quebrar sus empresas. Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, confesó que se cartelizó la obra pública, con licitaciones simuladas y acuerdos previos para repartir contratos. 

Estas declaraciones, sumadas a la montaña de pruebas, dibujan un sistema corrupto tan arraigado que parece de ficción. Sin embargo, durante estos siete años, los mejores abogados del país han intentado todo para demorar o anular el proceso: recursos, apelaciones, maniobras legales. Nada funcionó, y el juicio finalmente arranca.

Este mega juicio, que reúne seis causas distintas, no solo es una radiografía del pasado reciente de Argentina, sino una lección para el presente y el futuro. Mientras escribo, surge la noticia de que el Banco Nación renovó y amplió un contrato de seguridad con Tech Security, una empresa vinculada hasta hace poco con Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. Menem se desvinculó de la empresa, pero el caso recuerda una verdad incómoda: la transparencia debe ser la regla desde el principio.