Río Negro: cuando los docentes no educan con el ejemplo

Hay conflictos que exceden lo salarial y se meten de lleno en el terreno de los valores. Lo que ocurre por estos días en Río Negro con el reclamo docente parece ir en esa dirección. No se trata solamente de discutir sueldos o condiciones laborales, sino de algo más delicado: el mensaje que se transmite.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, el sindicato docente local, reclama aumento salarial, algo habitual en el escenario argentino. También pide eliminar el presentismo, un esquema que, con matices, ya fue flexibilizado en otras provincias como Córdoba. Hasta ahí, podría decirse que forma parte del tira y afloje clásico entre trabajadores y Estado.

Pero el punto más controvertido aparece en otro pedido: la eliminación de las auditorías médicas para justificar licencias por enfermedad. Es decir, dejar sin efecto el control sobre las faltas por motivos de salud. Y ahí es donde la discusión cambia de plano.

Porque lo que implementó la provincia en 2024 no fue un sistema arbitrario ni persecutorio. Fue, en esencia, algo bastante básico: exigir certificado médico y establecer un criterio razonable sobre la cantidad de días otorgados. Si alguien tiene una lumbalgia, tendrá licencia. Lo que se busca evitar es que una dolencia leve se traduzca en ausencias prolongadas sin justificación proporcional.

Los resultados fueron contundentes. En todo el empleo público —docentes incluidos— los pedidos de licencias médicas cayeron un 40%. No es un número menor. Más aún: de los días solicitados, el 45% no fue autorizado en los términos planteados originalmente. Traducido: había excesos, irregularidades o, directamente, abusos.

El impacto económico también fue significativo: un ahorro estimado en 20.000 millones de pesos. Para dimensionarlo, cada día de ausencia docente implica un costo de unos 67.000 pesos para el Estado. No es solo una cuestión administrativa; es dinero público y, por lo tanto, de todos.

Pero el problema no es únicamente fiscal. Hay un efecto directo sobre el aula. Cuando las licencias se multiplican sin control, aparece el reemplazo del reemplazo del reemplazo. Se pierde continuidad, rutina, vínculo pedagógico. Y eso, inevitablemente, afecta la calidad educativa.

En ese contexto, pedir que se eliminen los controles genera ruido. No porque el reclamo salarial sea injusto, sino porque se mezcla con una demanda difícil de sostener desde lo ético. Es complicado explicar por qué debería eliminarse un mecanismo que, en los hechos, redujo abusos y ordenó el sistema.

Vale hacer una aclaración necesaria: esto no es un juicio sobre todos los docentes. Sería injusto. La enorme mayoría cumple, trabaja y sostiene la educación en condiciones muchas veces adversas. El problema parece estar en la representación sindical, donde estas posiciones ganan centralidad.

Y ahí aparece la contradicción más fuerte. La docencia no es cualquier profesión. Tiene una dimensión formativa que trasciende el aula. Enseñar no es solo transmitir contenidos; también es construir ejemplo.

Por eso, cuando desde el propio sector se impulsa eliminar controles básicos, la señal que queda es, como mínimo, incómoda. Porque lo que se discute no es si alguien puede enfermarse —eso es indiscutible—, sino si debe haber o no reglas claras para justificar esas ausencias.

Al final del día, la pregunta es simple: ¿Qué se enseña cuando se cuestiona un mecanismo que busca ordenar, transparentar y evitar abusos? En esa respuesta, probablemente, esté el verdadero fondo del conflicto.