Obras públicas: la banda de los chantas vs. la banda de los irresponsables

La catástrofe en Bahía Blanca suma un elemento más a un debate que ya comenzó hace una semana sobre la obra pública en Argentina. El Gobierno nacional ha declarado que la obra pública es un robo, y por ello no se realizarán más obras. 

Por otro lado, quienes critican esta postura son los defensores de la obra pública. Argumentan que el presidente no tiene dinero para gastar porque debe mantener el superávit fiscal. El recorte en la obra pública se presenta como una consecuencia de esta situación.

Los críticos señalan que durante décadas se gobernó sin realizar las obras necesarias, lo que ha llevado a la destrucción de rutas. Muchas de estas obras se licitaron y se cobraron, pero no se ejecutaron adecuadamente. 

Las rutas 7, 8 y 158 de Córdoba son ejemplos claros de esta falta de mantenimiento. En lugar de realizar obras significativas, las administraciones se concentraron en proyectos menores que poco aportan a la infraestructura necesaria.

La situación de las rutas nacionales es alarmante. El Gobierno ha terminado con todos los contratos de mantenimiento, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de estas vías. Se propone un sistema de corredores por peaje, pero hasta que eso se implemente, el estado actual de las rutas es incierto.

Un posible camino es transferir la responsabilidad a las provincias, como ha hecho Córdoba con la ruta 36, que logró completar la autovía entre Río Cuarto y Córdoba.

Sin embargo, el gobierno nacional no ha realizado las obras prometidas. La autovía Córdoba-San Francisco, que se inició en el gobierno anterior, quedó inconclusa. Ahora, se espera que la provincia asuma la responsabilidad de completar los tramos restantes. Las provincias tienen recursos, pero muchas veces estos se malgastan en cuestiones que no aportan al desarrollo de la infraestructura.

La situación eléctrica también es crítica. El gobierno no ha presentado un plan para abordar los apagones y la falta de inversión en nuevas usinas. Es fundamental que el estado garantice un marco adecuado para la inversión privada en el sector eléctrico. Las empresas deben tener un entorno que les permita operar y realizar las inversiones necesarias.

Por otro lado, se critica a los que reclaman a las empresas por los apagones. Muchos de estos críticos formaron parte de gobiernos que congelaron tarifas, desincentivando la inversión en infraestructura. Las obras realizadas en el pasado a menudo resultaron en proyectos fallidos y mal gestionados, lo que ha llevado a una situación insostenible.