No toda corrupción nos molesta igual

El escándalo detectado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) vuelve a poner una discusión: en Argentina no toda corrupción genera el mismo nivel de indignación. Hay casos que producen rechazo instantáneo y otros que terminan naturalizados, diluidos en la rutina de un Estado que hace décadas parece funcionar como una caja interminable de recursos para repartir.

La auditoría preliminar del Ministerio de Salud sobre compras realizadas en Andis durante 2024 muestra números difíciles de justificar incluso para los estándares argentinos. Sillas de ruedas, prótesis, andadores y válvulas cardíacas pagadas con sobreprecios de entre 300% y 1000%. En un caso extremo, un insumo médico se habría abonado hasta 41 veces más de su valor real.

El ejemplo más gráfico es brutal: una válvula cardíaca que el PAMI compró a 124 millones de pesos fue pagada por Andis a $425 millones. Es decir, con el dinero de una podían haberse adquirido más de tres. O, dicho de otra manera, parte de los recursos destinados a personas con discapacidad terminó presuntamente alimentando un circuito de negocios oscuros.

La investigación también describe una trama de empresas creadas o reactivadas poco antes de las licitaciones, vínculos societarios, conexiones familiares y chats entre proveedores que, según trascendió, coordinaban ofertas para repartirse contrataciones. Un mecanismo que recuerda más a una estructura mafiosa que a un sistema transparente de compras públicas.

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Todo esto ocurrió bajo la gestión de Diego Spagnuolo al frente de Andis. Su defensa sostiene que no está probado que haya intervenido directamente en las maniobras. Pero en política y en administración pública la responsabilidad no desaparece por desconocimiento. O hubo corrupción o hubo una incapacidad absoluta para controlar lo que ocurría debajo de su firma.

El caso golpea especialmente porque afecta recursos destinados a personas con discapacidad. Ahí la corrupción se vuelve obscena a simple vista. La sociedad percibe rápidamente la injusticia de pagar una silla de ruedas diez veces más cara mientras faltan prestaciones o ayudas básicas.

Sin embargo, el problema de fondo parece mucho más profundo. Porque la corrupción no empieza ni termina en un sobreprecio grotesco. También existe en las pensiones truchas, en los certificados de discapacidad falsos, en las estructuras estatales repletas de empleados que no cumplen funciones reales, en licitaciones armadas, en contratos diseñados para amigos y en mecanismos de control que directamente no funcionan.

Y allí aparece una contradicción argentina: muchas veces hay consenso para condenar el abuso evidente, pero resistencia inmediata cuando se intenta revisar privilegios, depurar padrones o establecer controles más estrictos. Como si hubiera una corrupción intolerable y otra tolerada.

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El Gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su discurso sobre esa idea: que el Estado funciona como una maquinaria de saqueo permanente. Casos como el de Andis parecen darle argumentos. El problema es que el escándalo ocurrió dentro de su propia administración. Y eso vuelve todavía más delicada la situación, porque ya no alcanza con denunciar el desastre heredado: también hay que demostrar capacidad para evitar que siga ocurriendo.

La sensación que deja cada auditoría es inquietante. Se rasca apenas un poco y aparecen estructuras enteras dedicadas a capturar recursos públicos. Redes enquistadas durante años, capaces de sobrevivir a cambios de gobierno y adaptarse a cualquier gestión.

La pregunta no es solamente cuánta corrupción hay, sino cuánto del funcionamiento del Estado argentino terminó organizado alrededor de ella. Cuando rascás, salta la pus.