La reforma laboral puede ser una caja de Pandora

La reforma laboral puede terminar siendo, por un error del propio Gobierno, una auténtica caja de Pandora. No por el contenido original del proyecto, sino por lo que se activó a partir de un cambio de último momento y de un escenario político en el que varios actores clave ya "cobraron" lo que fueron a buscar.

El problema comenzó cuando, sobre el cierre del debate, se introdujeron modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad dentro de la ley que ya había sido sancionada por el Senado. Ese agregado generó un rechazo inmediato y obligó al Gobierno a admitir que debía retroceder. La salida ideal para el oficialismo hubiera sido dejar la ley tal como estaba, evitar que vuelva a la Cámara alta y luego "acomodar" el tema vía reglamentación. Pero un reglamento pesa menos que una ley, y la oposición no confía en esa alternativa. El resultado: habrá cambios por ley, el proyecto regresará al Senado y, con eso, se abre todo el paquete.

Ahí aparece el verdadero riesgo. Cuando una ley vuelve a abrirse, empiezan las voces que dicen "ya que estamos, cambiemos esto" y "aprovechemos para cambiar aquello". La famosa caja de Pandora. No necesariamente porque el Senado haya votado sin leer, sino porque ese punto conflictivo fue incorporado a último momento, empujado por un sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo que está virtualmente quebrado y no puede afrontar el costo de las licencias. Hay empresas liquidadas, bienes inhibidos y un esquema que ya no cierra por abuso, fraude y falta de respaldo patrimonial.

Pero el efecto dominó no termina ahí. Ya hay sectores que quieren avanzar sobre otros capítulos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone reemplazar el esquema tradicional de indemnizaciones por un fondo financiado con aportes empresariales descontados de los aportes patronales a la ANSES. Diputados, incluidos algunos de Córdoba, ven con buenos ojos ese cambio. Otros, en cambio, empiezan a cuestionarlo con argumentos que poco tienen que ver con el derecho laboral y mucho con la billetera provincial: si la ANSES recauda menos, las provincias que reclaman fondos para sus cajas jubilatorias se alejan de cobrar.

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Ahí aparece un punto clave: muchos de los actores que ahora quieren meter mano ya obtuvieron lo que buscaban. Los gobernadores, por ejemplo, dieron su apoyo en el Senado a cambio de que se eliminara la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas, que —según ellos— afectaba la coparticipación. Fue un toma y daca clásico. Esa concesión ya está cobrada, y ahora las manos están más libres para hurgar en otros artículos con nuevas excusas.

Lo mismo ocurre con los sindicatos. La CGT se quedó con la cuota solidaria obligatoria, afiliados o no, quieran o no, con un tope del 2%. Un porcentaje enorme si se lo compara con el 3% que financia la obra social de todo un grupo familiar. Es, en los hechos, un impuesto atado al salario: sube el sueldo, sube automáticamente la recaudación sindical. Mientras negociaban esa tajada, no hubo paros ni protestas. Ahora que el beneficio está adentro, aparecen los paros y las advertencias.

También se empiezan a ver reposicionamientos políticos. La senadora Alejandra Vigo votó a favor de la reforma, pero en contra del punto de las licencias. En Diputados, figuras como Alejandra Torres ya habían planteado objeciones de tipo sistémico, a las que ahora se les suman argumentos fiscales y previsionales. Todo se mezcla: trabajo, jubilaciones, coparticipación, cajas provinciales.

Por eso la advertencia es clara. Una vez que la ley vuelve a abrirse, quienes ya cobraron no tienen demasiado que perder y sí mucho margen para exigir más. El equilibrio de fuerzas cambió. Lo que antes se callaba para asegurar un beneficio, ahora se dice con la ley en la mano. Y así, una reforma laboral que parecía cerrada puede transformarse en un campo minado para el propio Gobierno, con intereses cruzados, presiones sectoriales y una negociación que ya no tiene un único eje, sino muchos frentes abiertos al mismo tiempo.

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