La paradoja del feminismo excluyente

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer convoca movilizaciones en todo el mundo. En Argentina, este año las marchas volvieron a mostrar una convocatoria importante en ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. No alcanzaron los niveles masivos de los años previos a la pandemia o del auge de 2022, pero sí superaron en participación a las ediciones más recientes.

Sin embargo, más allá de la cantidad de asistentes, ¿a quién representa hoy el feminismo que se expresa en la calle? Lo que se observó en muchas de esas marchas fue un marcado sesgo opositor al gobierno de Javier Milei y una fuerte presencia de sectores vinculados al kirchnerismo, a la izquierda y a sindicatos estatales. Ese encuadre político plantea una paradoja: un movimiento que nació con vocación universal parece hoy hablarle a un sector y no al conjunto de las mujeres.

Las consignas dominantes de las marchas fueron dos. La primera, la denuncia contra lo que se considera un desmantelamiento de las políticas de género por parte del actual gobierno. La segunda, el rechazo a la reforma laboral.

El problema es que cuando se observan algunos datos, la discusión se vuelve más compleja. Según cifras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 se registraron 247 femicidios en el país. Es el número más bajo desde que ese organismo comenzó a medir el fenómeno hace ocho años. En 2023, con la estructura completa de políticas de género en funcionamiento, habían sido 272.

Otros relevamientos muestran una tendencia similar. La Defensoría del Pueblo de la Nación registró 252 femicidios en 2024 y 211 hasta el 15 de noviembre de 2025, lo que proyectado al año arrojaría alrededor de 241 casos.

Desde luego, ningún número permite hablar de buenas noticias cuando se trata de mujeres asesinadas. Cada caso es una tragedia irreparable. Pero los datos sí invitan a revisar una premisa que muchas veces se repite como verdad absoluta: que la multiplicación de organismos, programas y oficinas estatales dedicadas a políticas de género necesariamente se traduce en mejores resultados.

Durante los últimos años se construyó una amplia estructura institucional en esa materia. Hubo ministerios, subsecretarías, programas y cargos políticos vinculados al área, algunos de ellos encabezados por figuras como Victoria Donda. Sin embargo, la discusión sobre la eficacia real de ese aparato estatal casi no aparece en el debate público del movimiento feminista.

La segunda gran consigna de las marchas —el rechazo a la reforma laboral— también presenta una contradicción. La reforma comenzó a regir hace apenas semanas. Si hoy existen problemas estructurales en el mercado laboral que afectan especialmente a las mujeres —empleo informal, salarios bajos, precarización— esos problemas se gestaron bajo el régimen laboral previo.

Paradójicamente, ese mismo marco normativo casi nunca fue cuestionado con la misma intensidad por el feminismo organizado, pese a que convivía con altos niveles de informalidad femenina y desigualdades persistentes en el mundo del trabajo.

Todo esto configura lo que podría definirse como un feminismo cada vez más politizado y, al mismo tiempo, más cerrado. Un feminismo que parece cómodo en la oposición, pero menos dispuesto a revisar sus propias premisas o a debatir las políticas que impulsó durante los años en que tuvo mayor influencia institucional.

La pregunta, entonces, vuelve a ser la inicial. Si el movimiento que dio origen a consignas tan poderosas como "Ni una menos" pretendía representar a todas las mujeres, ¿Cuántas de ellas hoy se sienten realmente representadas por estas marchas?

Tal vez allí esté la verdadera paradoja: un movimiento que nació para incluir, pero que en su expresión actual corre el riesgo de volverse cada vez más excluyente.