La Justicia de Córdoba al fin pone una ficha por los juicios laborales

La Justicia de Córdoba dio un paso largamente esperado en el fuero laboral: el Tribunal Superior de Justicia dispuso la creación del Servicio de Peritos Médicos Oficiales del Fuero Laboral, un cuerpo especializado que intervendrá en causas vinculadas con accidentes y enfermedades profesionales.

La decisión apunta al corazón de uno de los problemas más sensibles del sistema de riesgos del trabajo: la determinación del grado de incapacidad en los juicios contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hasta ahora, esa instancia quedaba muchas veces en manos de peritos de lista, con honorarios vinculados al resultado económico del expediente. El nuevo esquema busca cortar ese incentivo: los profesionales deberán actuar dentro del Poder Judicial y no podrán cobrar sumas atadas al monto de la demanda ni al porcentaje de incapacidad que dictaminen.

La medida llega tarde, pero llega. Y esa demora no es un dato menor. La Ley 27.348, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, ya había establecido que las pericias médicas oficiales en litigios por riesgos del trabajo debían quedar en manos de cuerpos médicos forenses o estructuras equivalentes. Córdoba, como otras jurisdicciones, tardó años en adecuar su funcionamiento.

El cambio no elimina el derecho de un trabajador a reclamar. Ese derecho debe seguir protegido. Lo que intenta ordenar es otra cosa: que la prueba médica, decisiva en este tipo de expedientes, no quede contaminada por intereses económicos, criterios dispares o circuitos que durante años alimentaron sospechas y, en algunos casos, delitos comprobados.

La litigiosidad en el sistema de ART tiene números difíciles de explicar solo por la siniestralidad laboral. En marzo de 2026, según datos publicados a partir de informes del sector, se notificaron 13.260 nuevas demandas en todo el país. Santa Fe registró 2.190 juicios en ese mes, con una suba interanual superior al 20%, mientras Córdoba tuvo 719 presentaciones, con una baja respecto del mismo período del año anterior. La disparidad entre provincias de peso económico comparable muestra que el problema no siempre está en la cantidad de accidentes o enfermedades, sino también en el modo en que cada jurisdicción procesa esos reclamos.

Córdoba conoce de cerca el costado más oscuro de ese fenómeno. La Justicia provincial ya condenó a abogados y médicos que reconocieron haber integrado una asociación ilícita dedicada a fabricar certificados médicos falsos para iniciar demandas laborales fraudulentas contra una ART. En aquel fallo, el tribunal habló de una verdadera “maquinaria” montada para producir certificados a gran escala sobre dolencias inexistentes.

Por eso, hablar de “industria del juicio” no puede ser apenas una consigna empresaria ni una excusa para recortar derechos laborales. Pero tampoco puede ser un tabú. En Córdoba hubo causas penales, condenas y maniobras acreditadas que dañaron a las aseguradoras, al sistema judicial y también a los trabajadores que sí padecen enfermedades o accidentes reales y necesitan respuestas rápidas y justas.

La creación del nuevo cuerpo de peritos oficiales intenta introducir previsibilidad, independencia técnica y criterios homogéneos. Los profesionales deberán ser seleccionados bajo reglas propias del Poder Judicial y actuar con dedicación institucional. La pericia médica dejará de ser, al menos en el diseño, una pieza del negocio del expediente para convertirse en una herramienta de prueba sometida a parámetros más estrictos.

El antecedente de Mendoza y la reforma reciente de Santa Fe muestran que el debate dejó de ser provincial. Hay una presión creciente para que las cortes y tribunales superiores avancen en estructuras médicas oficiales que reduzcan la discrecionalidad, bajen la litigiosidad artificial y permitan distinguir mejor entre el reclamo legítimo y la demanda armada.

La pregunta, en todo caso, es por qué Córdoba tardó tanto. Durante años, el sistema convivió con pericias discutidas, honorarios atados a la cuantía de los pleitos y fallos que muchas veces terminaban convirtiendo al juicio en la vía más rentable, incluso cuando existía cobertura de ART.

El paso del TSJ es importante. Pero no alcanza con crear un organismo. Habrá que ver cómo se integra, con qué controles funciona, qué tiempos de respuesta ofrece y si los jueces laborales toman sus dictámenes como una referencia técnica seria, sin convertirlos tampoco en una verdad automática e irrevisable.

La reforma tiene una virtud: apunta al lugar correcto. Si el grado de incapacidad define millones de pesos, costos empresariales, indemnizaciones y derechos alimentarios, esa medición no puede depender de una ruleta pericial. Debe depender de médicos independientes, criterios públicos y reglas claras.

Córdoba, finalmente, puso una ficha donde debía. La puso tarde, después de años de demoras y de antecedentes demasiado graves. Pero si el nuevo cuerpo funciona como corresponde, puede ser el inicio de un cambio necesario: menos negocio alrededor del expediente y más justicia para los casos reales.