Fin para el guante blanco: que tenga consecuencias

Hoy empezó uno de los procesos judiciales más grandes y complejos de la historia argentina: el juicio derivado de la causa de los Cuadernos. Es, sin exagerar, el mayor juicio por corrupción que haya llegado a los tribunales del país. Y quizá todavía no tomamos dimensión de lo que eso significa.

Durante décadas, la Argentina naturalizó la impunidad del "guante blanco". Al ladrón de gallinas, la cárcel. Al empresario poderoso o al político con contactos, la coartada. Pero esta vez, al menos en los papeles, la historia podría empezar a escribirse distinto: hay 87 imputados, de los cuales 65 son empresarios de primera línea. Los nombres más influyentes del país, los dueños de constructoras, bancos, energéticas y estudios profesionales, sentados en el mismo banquillo.

La Justicia, por primera vez, no aceptó los atajos habituales. No hubo acuerdo económico para evitar el proceso ni excusa electoral que aliviane las penas. Los empresarios deberán enfrentar las audiencias y responder por las acusaciones. Algunos ya han declarado que fueron víctimas de extorsión, que si no pagaban "coimas" sus empresas quedaban fuera del sistema. Otros, directamente, niegan los hechos. Pero todos forman parte del mismo entramado de poder que durante años se movió cómodamente en la penumbra del Estado.

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Este juicio es un espejo incómodo. Porque allí no solo aparecen exfuncionarios —más de veinte entre presidentes, ministros y secretarios—, sino también las estructuras profesionales que sostienen al sistema: contadores, escribanos, ingenieros, abogados, muchos de ellos avalando con sus firmas obras y contratos hoy bajo sospecha. Y, sin embargo, los colegios profesionales guardan un silencio ensordecedor. No hay pronunciamientos, sanciones ni autocrítica.

La magnitud del caso es tal que algunos dicen que se resolverá "por biología", porque los acusados son mayores y el proceso avanzará lentamente. Pero lo que no debería envejecer es la pregunta central: ¿Qué vamos a hacer como sociedad para que esto no vuelva a repetirse?

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La corrupción en la obra pública no puede seguir siendo una fatalidad nacional. No puede ser que en Argentina la única manera de hacer una obra sea pagando una coima. Hay mecanismos posibles para prevenirlo: exigir que las empresas que contraten con el Estado sean sociedades con balances auditados, establecer responsabilidades penales directas para los profesionales que firmen licitaciones, transparentar los procesos de adjudicación, quitar las matrículas a quienes participen en maniobras ilegales.

No son ideas imposibles. Lo imposible es seguir mirando para otro lado.

Este juicio, con todos sus límites, tiene el valor de haber arrojado una piedra en el lago de la impunidad. Ahora dependerá de nosotros —de los legisladores, de los jueces, de los empresarios honestos, de los colegios que deben controlar— que las ondas no se disuelvan sin dejar huella. Porque si los guantes blancos siguen saliendo limpios, será la sociedad entera la que quede manchada.

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