Ficha opaca

La controversia en torno a la senadora electa Lorena Villaverde vuelve a exponer un problema estructural de la política argentina: la ausencia de reglas claras y coherentes para definir quién puede y quién no puede ocupar una banca legislativa. El caso aparece ahora como un episodio aislado, pero es en realidad la consecuencia directa de que el Congreso haya evitado, una y otra vez, fijar estándares transparentes, previsibles y aplicables a todos por igual.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado decidió rechazar el ingreso de Villaverde, electa por La Libertad Avanza en Río Negro. Su pliego llegará al recinto el 28 de noviembre y todo indica que será rechazado. Votaron en contra el kirchnerismo, sectores del PRO, la UCR y también Alejandra Vigo. A favor, los libertarios y algunos aliados.

El argumento central para impedir que asuma se sostiene sobre antecedentes previos a su vida política: una condena en Estados Unidos por venta de cocaína en 2002 y supuestos vínculos con Fred Machado, empresario detenido por narcotráfico y lavado. Esos elementos, dicen los senadores, vuelven inadmisible su llegada a la Cámara alta.

Sin embargo, el debate no se agota en el caso de Villaverde. Lo verdaderamente relevante es quiénes toman esta decisión y bajo qué criterios. Porque los mismos bloques que ahora afirman defender la integridad institucional fueron los que rechazaron el proyecto de "ficha limpia", una norma que hubiera impedido —según sus términos— que personas con determinadas condenas o procesos pudieran ser candidatas desde el inicio.

Si esa ley existiera, Villaverde difícilmente hubiera llegado a figurar en la boleta. Hoy, en cambio, el Senado se arroga la potestad de intervenir después de que la ciudadanía ya votó, con un resultado que era público, discutido y conocido durante la campaña.

El contraste revela una contradicción evidente. Senadores como Anabel Fernández Sagasti, José Mayans o Mariano Recalde se opusieron a la ficha limpia argumentando que podría proscribir candidaturas como la de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, ahora impulsan bloquear el ingreso de Villaverde pese a que no enfrenta condenas ni procesos abiertos en Argentina.

La vara cambia según la conveniencia política del momento, y eso es lo que vuelve opaco el procedimiento. No se trata de defender la figura de Villaverde —sus antecedentes generan cuestionamientos razonables—, sino de advertir que las reglas se aplican de manera arbitraria y discrecional.

La situación abre una incómoda pregunta institucional: ¿hasta dónde puede llegar el Congreso al revisar la legitimidad de alguien que obtuvo su banca por voto popular? ¿En qué punto la evaluación de antecedentes se transforma en un mecanismo para corregir —o anular— decisiones del electorado?

El problema no es la discusión en sí, sino la ausencia de un marco claro que la ordene. Cuando no hay reglas, todo depende del humor, la conveniencia o la correlación de fuerzas entre bloques.

La Argentina discute hoy, con el caso Villaverde, lo que debería haber resuelto hace tiempo: mecanismos transparentes para impedir que personas que no cumplen ciertos requisitos puedan postularse. Sin ese marco, cada episodio se dirime en mesas de negociación política donde un grupo reducido define quién entra y quién queda afuera. Es decir, una “ficha opaca”: decisiones internas, discrecionales y sin criterios permanentes.

El Senado puede tener argumentos atendibles para cuestionar a Villaverde. Pero mientras siga rechazando una regulación universal que imponga límites objetivos, cada resolución seguirá empañada por la sospecha de hipocresía, favoritismo o cálculo partidario. Y ese desgaste institucional lo paga siempre la misma moneda: la confianza pública en las instituciones democráticas.