Fate: la fatalidad de las industrias infladas

Cada vez que una fábrica histórica entra en crisis, la explicación aparece rápida y casi automática: las importaciones. China, Brasil, la apertura comercial. Como si existiera una relación directa, única e indiscutible entre esos factores y el colapso industrial. El caso de FATE volvió a activar ese reflejo. Pero la realidad es bastante más incómoda.

En la Argentina, los aranceles —el instrumento clásico de protección que usan todos los países— no se tocaron de manera general. El arancel externo común del Mercosur sigue vigente y es alto. No hubo una liberalización masiva. Sí crecieron las importaciones, alrededor de un 35% en los últimos dos años, pero no solo desde China: crecieron, sobre todo, desde Brasil, que produce más barato y goza de la misma protección frente a terceros países.

Incluso algunas de las propias empresas del sector fabrican en Brasil y traen desde allí. Y mientras las importaciones crecían, los precios de los neumáticos cayeron: 43% en pesos en los últimos dos años, según datos privados. Con esos números, reducir todo a “la culpa es de las importaciones” resulta, como mínimo, insuficiente.

El problema de fondo es otro y viene de lejos. Hay sectores industriales argentinos que arrastran 80 años de proteccionismo sin haber logrado ser competitivos. No son todos, pero son muchos. Durante décadas se defendieron mercados cerrados, se levantaron barreras, se diseñaron regulaciones y trabas que funcionaron como un corralito productivo. Y el resultado no fue una industria eficiente, sino productos caros, escasos y de mala calidad relativa.

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El punto extremo se vio en 2022. No había apertura comercial: había hiperprotección. Cepos, permisos para importar, falta de dólares. Las automotrices paraban plantas porque no llegaban autopartes. No había neumáticos. Al mismo tiempo, el sector del neumático atravesó cinco meses de conflicto sindical, con salarios por encima del promedio y una producción paralizada. El país estaba cerrado y aun así no podía abastecer su propio mercado.

Los argentinos cruzaban fronteras para comprar cubiertas en Chile, Paraguay o Bolivia. Se multiplicaron los viajes, los faltantes y hasta el fraude a las aseguradoras, porque los neumáticos eran tan caros que convenía denunciarlos como robados. Ese fue el paroxismo del modelo: 80 años de protección terminaron en escasez y precios desorbitados.

Por eso resulta falaz plantear que el cierre de una planta es solo consecuencia de la apertura. Muchas de estas industrias nacieron y crecieron infladas, sostenidas por anabólicos políticos negociados durante décadas. Nunca alcanzaron escala, nunca compitieron en serio. Un país pequeño, con una economía pequeña, no puede sostener indefinidamente estructuras pensadas para un mundo cerrado cuando el mercado global funciona con millones de unidades y competencia permanente.

La fatalidad no es la importación. La fatalidad es haber pagado durante 80 años productos caros para sostener un esquema que no generó eficiencia. Cuántas otras actividades, cuántos otros sectores, cuántas oportunidades se perdieron por haber destinado recursos a mantener industrias infladas en lugar de permitir que la economía se diversificara.

El problema es serio y el impacto social es real. Pero seguir explicándolo con consignas automáticas es parte de la misma lógica que llevó a este punto. La discusión de fondo no es si proteger o no, sino por cuánto tiempo, con qué objetivos y con qué resultados. Porque cuando la protección se vuelve permanente y estéril, deja de ser un escudo y se transforma en una trampa.

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