En Córdoba, el Partido del Estado tiene coronita

En Córdoba, parece que el partido del Estado lleva doble coronita. No es novedad, pero los últimos acontecimientos lo dejan más claro que nunca: si sos parte de un gremio estatal, tenés carta blanca para hacer lo que quieras.

¿Cortar la General Paz por casi dos horas? Tranquilo. ¿Invadir una oficina pública encapuchado, con palos, prendiendo bengalas y amenazando a empleados? No pasa nada. ¿Anunciar un "quilombazo" en la radio y cumplirlo al pie de la letra? Nadie te toca. 

Mientras tanto, los que pagan los impuestos —los "corredores de mamuts"— ven cómo sus bolsillos se vacían y sus derechos se pisotean.

El martes, el Suoem no solo anunció un "quilombazo", sino que lo ejecutó con total impunidad. Cortaron avenidas clave como Colón y General Paz, impidieron la circulación por La Cañada y, según denuncias de la propia Municipalidad, irrumpieron en el Tribunal de Faltas con actitudes violentas: encapuchados, con palos, bengalas encendidas y amenazas a los empleados que intentaban trabajar. 

Hubo gases tóxicos, una ambulancia tuvo que intervenir, y todo esto ocurrió con un policía presente que, aparentemente, no vio nada grave. ¿Flagrancia? Parece que en Córdoba no aplica si llevás la coronita del partido del Estado.

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El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, entrevistado por Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray en Cadena 3 aseguró que no hubo "ningún reporte" y que detendrán a cualquiera que viole la ley. 

¿Cómo se explica entonces que nadie actúe frente a semejante desborde? Desde impedir el libre tránsito hasta generar caos en un edificio público, los delitos están a la vista. 

Anunciar un "quilombazo" no es solo una bravuconada; es, como mínimo, una provocación que alienta el desorden. Y sin embargo, la Policía no actúa, la Justicia mira para otro lado y la Legislatura brilla por su ausencia.

No es la primera vez que esto pasa. Hace un año, la Policía obligó a piqueteros a liberar media calzada, pero con los gremios estatales la vara es distinta. La Cámara de Acusación ya sobreseyó a piqueteros en el pasado, considerando que sus acciones no eran un problema. Y ahora, con los municipales, parece que la historia se repite: todos se pasan la pelota, y nadie asume la responsabilidad. ¿Casualidad? No. Es la coronita del partido del Estado, que les permite actuar con total impunidad.

Mientras tanto, los números de la Municipalidad son un escándalo. En el primer cuatrimestre de 2025, el gasto general aumentó un 44% por encima de la inflación, superando los ingresos en un 11%. Los sueldos municipales crecieron un 21,5% más que la inflación, y el uso de crédito se disparó un 180%. 

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¿Y quién paga la fiesta? Los contribuyentes, con aumentos del 64% en el impuesto inmobiliario y del 72% en el automotor, ambos muy por encima de la inflación. El partido del Estado no solo se queda con los recursos, sino que los considera suyos por derecho.

Los "corredores de mamuts" no podemos seguir financiando este descontrol. La Municipalidad debe reducir el gasto y bajar los impuestos, no regalar el dinero a los que arman quilombos impunemente. 

Y los legisladores, ¿Dónde están? En Buenos Aires, las normas nacionales permiten actuar contra piqueteros y sindicatos que violan la ley. ¿Por qué en Córdoba no? Es momento de que la Legislatura sancione leyes que protejan a los ciudadanos, no a los privilegiados con coronita.

Señores concejales, señor Passerini, escuchen: los recursos no son del partido del Estado, son de todos. Y si sobra un peso, que se use para bajar impuestos, no para engordar privilegios. Porque mientras los mamuts corremos para pagar, en Córdoba parece que la única ley que rige es la de la coronita.

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