Empresarios confesos

En los últimos días, algo inusual empezó a asomar en el debate público argentino: empresarios diciendo en voz alta lo que durante años fue un secreto a voces. Confesiones crudas, sin eufemismos, que no hablan tanto de culpas individuales como de un sistema económico estructuralmente corrupto, sostenido por inflación crónica y un proteccionismo extremo.

La escena recuerda inevitablemente a aquella frase brutal de Luis Barrionuevo: "Tenemos que dejar de robar al menos dos años". No por la literalidad, sino por la franqueza descarnada. Hoy, esa franqueza parece haber llegado al empresariado.

Esta semana, Cristiano Rattazzi, expresidente de Fiat en la Argentina, admitió sin rodeos que "el modo chino de producción es muy superior", al ser consultado por la competencia de las importaciones. No hubo épica industrial ni discursos sobre soberanía productiva: hubo aceptación de una realidad incómoda para un empresariado acostumbrado a la protección.

Poco después, Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio, fue todavía más explícito: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal". Una frase demoledora, porque reconoce algo central: muchas empresas eran inviables tal como funcionaban, no por falta de talento, sino por vivir dentro de un sistema distorsionado.

La confesión más brutal llegó de la mano de Roberto Méndez, dueño de Neumen, la mayor distribuidora de neumáticos del país, al calor del conflicto en FATE. Méndez no habló de márgenes ajustados ni de costos laborales: habló de rentabilidades brutas del 60 y 70%, posibles gracias a un esquema de protección artificial. "Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo", dijo, sin rodeos.

Ahí está el corazón del problema.

No se trata de empresarios "buenos" o "malos". Se trata de un sistema que hace imposible aplicar la ley, incluso cuando la ley existe y está bien escrita. La Argentina tiene una ley de defensa de la competencia comparable a la de cualquier país desarrollado. Pero esa ley se vuelve letra muerta cuando un funcionario decide aplicar aranceles monstruosos que convierten a tres empresas en un oligopolio garantizado por el Estado.

El Congreso sanciona competencia. El Ejecutivo otorga privilegios. El resultado es un mercado cautivo, precios absurdos y empresas que no invierten, no innovan y no crecen. ¿Para qué hacerlo, si la supervivencia depende de una resolución administrativa y no de la eficiencia?

La inflación completa el círculo vicioso. En un país donde nadie sabe cuánto vale el dinero, los precios dejan de ser señales. Se paga cualquier cosa. Se remarca "por las dudas". Se destruye la noción misma de valor. Y en ese caos, todos pierden, incluso quienes parecen ganar.

Porque esas empresas que hoy confiesan haber ganado fortunas, no valen nada. No valen como proyectos, no valen como marcas, no valen como activos productivos. Cuando el sistema se cae —como se cayó— solo queda el valor del terreno. La empresa, como tal, es cero.

Por eso estas confesiones importan. No porque rediman a nadie, sino porque exponen una verdad incómoda: la Argentina no fracasó por falta de leyes, sino por un orden económico que convirtió esas leyes en decoración. Un caos organizado que premió la renta fácil, castigó la inversión y terminó destruyendo tanto a consumidores como a productores.

Tal vez por primera vez en mucho tiempo, los propios empresarios están diciendo en voz alta lo que el país se niega a asumir: no hay futuro posible en un sistema profundamente corrupto, aun cuando la corrupción no siempre tenga nombre y apellido.