Decían que administraban, pero parece que robaban

La decisión de la jueza federal María Servini de embargar por 607 millones de dólares a unas 160 personas vinculadas a financieras, cuevas y presuntas maniobras ilegales de importación expone mucho más que un caso judicial impactante. Lo que aparece detrás de la investigación es una radiografía brutal de cómo ciertos mecanismos del Estado argentino fueron utilizados para construir un sistema donde la discrecionalidad política y el negocio privado convivieron de manera obscena.

La causa tiene nombres conocidos, como Elías Piccirillo, pero el punto central no pasa por las celebridades, sino por el esquema. Según la investigación, durante apenas nueve meses de 2023 se retiraron 607 millones de dólares en efectivo, sin trazabilidad clara, a través de operaciones vinculadas al acceso privilegiado a dólares oficiales para importaciones.

La mecánica era tan simple como escandalosa. Un grupo conseguía autorizaciones estatales para importar bienes utilizando dólares subsidiados por el Banco Central. En muchos casos, según sospecha la Justicia, esas importaciones no se concretaban o se sobrefacturaban. El verdadero negocio estaba en quedarse con esos dólares baratos y venderlos luego en el mercado paralelo a valores muchísimo más altos.

El resultado fue una máquina de transferir riqueza desde el Estado hacia privados con conexiones, información o capacidad de influencia. Un ducto de millones de dólares diarios que salían del sistema formal y terminaban en circuitos opacos.

Durante años, buena parte de la dirigencia política defendió el control cambiario con un argumento casi épico: cuidar las reservas, administrar la escasez y proteger el interés nacional. Pero el problema de otorgarle al Estado el poder de decidir quién accede y quién no a dólares baratos es que inevitablemente se crea un sistema donde el privilegio vale oro.

Y cuando el privilegio vale oro, la corrupción encuentra terreno fértil.

La discusión de fondo no es solamente judicial. Es económica y política. Porque el cepo cambiario, lejos de ser apenas una herramienta técnica, terminó convirtiéndose en un gigantesco sistema de arbitraje. Una economía con múltiples tipos de cambio genera incentivos descomunales para la especulación y la captura de rentas. Cuando alguien puede comprar a 350 y vender a 1.100, el negocio no está en producir, invertir o exportar: está en conseguir el permiso.

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Ahí aparece otra dimensión incómoda del debate argentino. Muchas veces se escucha que "la corrupción no explica la decadencia económica". Y es cierto que ningún caso aislado alcanza para explicar décadas de estancamiento. Pero hay episodios que sí tienen una magnitud estructural.

Seiscientos siete millones de dólares en apenas nueve meses equivalen a una cifra comparable con una porción significativa del presupuesto universitario nacional. Es decir: no se trata de bolsos marginales ni de corrupción administrativa menor. Son recursos gigantescos drenados desde un sistema económico diseñado alrededor de controles discrecionales.

Lo más inquietante es que esta investigación apenas abarca un período puntual y operaciones detectadas. La pregunta es cuánto más pudo haber ocurrido durante años de controles cambiarios, permisos administrados y emisión descontrolada.

Porque el problema empieza mucho antes del cuevero. Empieza cuando el Estado gasta sistemáticamente más de lo que tiene y financia esa diferencia emitiendo pesos sin respaldo. Esa emisión genera inflación, presión sobre el dólar y pérdida de reservas. Después llega el cepo para contener las consecuencias del desequilibrio previo. Y finalmente aparecen los intermediarios que convierten la distorsión en negocio.

La cadena completa termina siendo un ecosistema de corrupción económica.

Mientras tanto, gran parte de la dirigencia que impulsó esos mecanismos sigue hablando como si nada hubiera pasado. Algunos incluso participan de debates sobre ajuste, financiamiento universitario o deterioro económico sin hacer ninguna autocrítica sobre el modelo que administraron.

La investigación judicial todavía debe avanzar y determinar responsabilidades concretas. Pero más allá de los nombres propios, el caso deja una conclusión incómoda: cuando un sistema económico depende de permisos discrecionales, dólares artificialmente baratos y controles opacos, la corrupción deja de ser una anomalía. Se transforma en una consecuencia casi inevitable.