Cortes y piquetes: se acaban las excusas en Córdoba

Tras dos años de relativa calma en las calles de Buenos Aires, con una notable ausencia de piquetes y cortes de ruta, Córdoba parece haber decidido tomar cartas en el asunto para poner orden en el caos de las protestas.

Durante demasiado tiempo, los poderes del Estado —Judicial, Ejecutivo y Legislativo— se pasaron la pelota, esquivando responsabilidades mientras los ciudadanos padecían las consecuencias de una ciudad paralizada por manifestaciones sin control. 

Hoy, con tres proyectos de ley sobre la mesa, se acabaron las excusas para que Córdoba defina reglas claras para regular el derecho a la protesta y garantice el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a circular.

El Gobierno de Martín Llaryora envió a la Legislatura un proyecto para modificar el artículo 80 del Código de Convivencia Provincial, estableciendo sanciones concretas para quienes interrumpan el tránsito de personas o vehículos sin autorización fiscal. 

Las penas propuestas incluyen trabajo comunitario, multas o hasta tres días de arresto, con una duplicación de las sanciones si los cortes afectan avenidas, puentes o carriles exclusivos del transporte público. 

Lo novedoso de esta iniciativa es que no solo castiga el acto de cortar, sino que obliga a la Policía, los fiscales y la Justicia a hacer cesar el corte de inmediato. Basta de multar y dejar que la protesta continúe: la ley busca acción inmediata.

Pero el oficialismo no está solo en esta cruzada. La oposición también ha presentado sus propuestas. Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, impulsa un proyecto que refuerza la intervención inmediata de la Policía, dejando claro que las fuerzas de seguridad deberán actuar sin dilaciones ante cualquier corte no autorizado. 

Por su parte, Dante Rossi, del radicalismo, propone una medida audaz: establecer una "zona de exclusión" para protestas en el corazón de la capital provincial, delimitada por las intersecciones de La Cañada y Sarmiento, Sarmiento y Maipú, Chacabuco e Illia, y San Juan y La Cañada. En esta área, no hay protestas ni con permiso ni sin él. 

/Inicio Código Embebido/

La idea es proteger el centro neurálgico de Córdoba, aunque surge la duda: ¿no terminarán los manifestantes desplazándose a los accesos de esta zona, generando igual caos? La respuesta está en la aplicación estricta de las sanciones: si cortan en esos puntos, la Policía deberá desalojar y aplicar multas, arrestos o trabajo comunitario.

El proyecto oficial también aprovecha para abordar otras problemáticas urbanas, como la prohibición de arrojar escombros, basura o residuos en espacios públicos o privados, hurgar en la basura o realizar deposiciones en la vía pública —un guiño a quienes, tras salir de un boliche, usan cualquier esquina como baño. 

Además, se endurecen las penas para quienes evadan controles policiales, como los de la Policía Caminera, con inhabilitaciones para conducir de seis meses a un año, especialmente si se pone en riesgo a un agente. Estas medidas, aunque secundarias, reflejan un intento de ordenar la convivencia en una ciudad que, en muchos aspectos, se ha sentido como "tierra de nadie".

La urgencia de estas iniciativas responde a un reclamo ciudadano que lleva años: la necesidad de un marco legal claro. Por demasiado tiempo, el Poder Judicial señaló que los fiscales debían intervenir ante delitos en flagrancia, mientras el Tribunal Superior absolvía a detenidos por cortes, argumentando la ausencia de una normativa específica. 

El Ejecutivo, por su parte, se escudaba en la falta de una ley, y los legisladores no avanzaban en soluciones. Ahora, con tres proyectos de distintos sectores políticos —oficialismo, La Libertad Avanza y el radicalismo—, no hay excusas. La Legislatura tiene la oportunidad de consensuar una regulación que ponga fin al caos y garantice que las protestas se realicen sin tomar de rehén a la ciudadanía.

Claro que no todo es perfecto. La "zona de exclusión" propuesta por Rossi podría desplazar las protestas a los accesos de la ciudad, donde los cortes seguirían causando trastornos. 

Y aunque la autorización fiscal para manifestaciones masivas, como las de Ni Una Menos o las marchas universitarias, parece razonable, queda por verse cómo se implementará en la práctica.

/Inicio Código Embebido/