Cierra el gobierno de Trump: menos mal que no somos Estados Unidos

Desde la cero hora de hoy, el Gobierno de Estados Unidos está cerrado. No atiende. Pusieron el cartelito: disculpe la molestia, volvemos cuando tengamos plata.

Republicanos y demócratas no están de acuerdo sobre cómo financiar prestaciones de la Seguridad Social. Eso demora la autorización de gastos. Y sin permiso del Congreso, no se puede gastar.

Es el principio republicano por excelencia. Los parlamentos surgieron para limitar el poder de reyes absolutos para gastar lo que querían y cargar de impuestos a la gente. Siguen representando a los que financian. El Congreso puede financiar al gobierno autorizándole impuestos o endeudamiento. No hay otra. Y el gobierno no puede imprimir, como acá, porque no maneja la reserva federal.

Fue en 1980. El fiscal general Benjamin Civiletti emitió un dictamen diciendo que la Constitución y la división de poderes no eran una joda. Gastar un peso sin permiso, es un delito.

Así que el Gobierno tiene que hacer lo que hace cualquier unidad económica normal, una familia, una empresa, un club, un sindicato, un gremio: si no tiene con qué pagar, no gasta, cierra, se ajusta. Pero en serio: se calcula que 800 mil empleados públicos van a quedarse sin contrato, temporariamente o en forma definitiva. No van a trabajar. No cobran. Excepciones.

Lo mismo que pasa en el Gobierno central, también ha sucedido en reparticiones específicas, en estados o provincias o en municipios que llegan a esto. Hay municipalidades que han llegado a quebrar.

No es nuevo. Con este ya son 11 los cierres del gobierno federal. Los hubo con Reagan, con Clinton, con Obama. El más largo fue en la primera presidencia de Trump: 35 días.

Tiene un efecto político: en el Congreso, tienen que sí o sí llegar a un acuerdo, los políticos quedan contra las cuerdas. Y tienen que hacerse cargo de cortar gastos o subir impuestos o de que suba sin parar la deuda. No es irresponsabilidad de un presidente o de un partido, sino de todos.

En Europa, donde la mayoría de los países no son presidencialistas sino parlamentarios y eligen al primer ministro, no llegan al cierre. Porque directamente cae el gobierno, cae el primer ministro que no logra el acuerdo. Y el Parlamento tiene que elegir un nuevo primer ministro al que, por definición, le da las herramientas para que haga lo que tenga que hacer.

No es que no tienen inflación porque sí. Ni andan por ahí diciendo que la deuda que ellos mismos hacen crecer, no la van a pagar. Es una base de racionalidad fiscal.

Está bueno pensarlo un día como hoy, en que el Senado va a rechazar vetos de Milei a leyes que la Argentina no tiene cómo financiar, o para las cuales ellos no han dicho de dónde saldrá la plata. No se animan a decir qué gasto cortar para darle más plata a las universidades, por ejemplo, o qué impuesto subir, o a quién ir a pedirle plata cuando el riesgo país supera los 1.200 puntos y hay temor de default. Pasó siempre: el Congreso o a veces los gobiernos ordenan “gástese”, eso siempre queda lindo. Pero no dicen de dónde sacar la plata. Y queda implícito que el gobierno emitirá dinero trucho. Así legislan el impuesto inflacionario, el impuesto no escrito, sin decirlo, sin poner la cara.

El caso más notorio es el de la ley de Discapacidad, donde el Congreso ya rechazó en forma definitiva el veto de Milei, obligándolo a financiar no sólo el aumento del pago de prestaciones sino a ampliar la cantidad de pensiones por discapacidad que ya de por sí superan cualquier estándar demográfico internacional porque se abusó del sistema en los últimos 15 años regalando pensiones fraudulentas. Milei promulgó la ley, readecuó otras partidas del presupuesto para juntar 121 mil millones de pesos, con los cuales se subirán los pagos a prestadores de servicios de discapacidad, pero devolvió la ley al Congreso diciéndole que, para el resto, no hay plata, y que diputados y senadores deben decir, por ejemplo, de dónde hay que sacar el dinero para pagar más pensiones y más caras de las que ya se pagan. Algo que insumiría 5 billones, calcula el Gobierno.

Es lo que hay. Menos mal que no somos Estados Unidos. Si no, el Gobierno argentino tendría que haber estado cerrado los últimos 80 años.