Chicos sin clases: la UEPC y el Gobierno de Córdoba incumplen la ley

El inicio del ciclo lectivo en Córdoba quedó atrapado en una dinámica que parece repetirse cada año: conflicto salarial, paros docentes y semanas escolares que no logran completarse. Pero esta vez hay un agravante que vuelve la situación aún más preocupante: una ley vigente que, en los hechos, nadie está cumpliendo.

Las cifras del comienzo de clases son elocuentes. En apenas tres semanas del calendario escolar, el sistema educativo ya sufrió interrupciones significativas. La primera semana arrancó con un paro el lunes. La segunda quedó desordenada por otra medida de fuerza el miércoles 11. Y la tercera volvió a comenzar con un paro de 48 horas anunciado prácticamente de un día para el otro.

El resultado es un calendario que no logra sostener continuidad. Sobre once días hábiles desde el inicio de clases, cuatro estuvieron atravesados por medidas de fuerza. Es decir, cerca del 27% del tiempo escolar quedó afectado.

La discusión salarial entre el gobierno provincial y el gremio docente se explica por una tensión que no es nueva. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) reclama aumentos que superen la inflación, mientras que la administración de Martín Llaryora sostiene que la caída de la recaudación limita la posibilidad de otorgar incrementos mayores.

El argumento oficial es simple: no se puede prometer lo que no se puede pagar. Pero del otro lado también hay una realidad que no se puede negar. Los salarios docentes, como los de muchos trabajadores del sector público, llegan a este conflicto con un atraso acumulado que erosiona cada vez más el poder adquisitivo.

El problema es que la disputa termina trasladándose a las aulas.

¿Qué herramientas reales tiene un sindicato docente para presionar en una negociación salarial si no recurre al paro? La huelga forma parte de la lógica histórica de la negociación laboral. Pero cuando se transforma en el recurso permanente, el sistema educativo entra en una zona de desgaste que afecta sobre todo a los estudiantes.

Sin embargo, hay otro elemento que vuelve aún más llamativa la situación. Desde el 6 de marzo rige en la Argentina la reforma laboral que declara a la educación como un servicio público esencial. Esa normativa establece que, incluso en caso de huelga, debe garantizarse al menos el 75% del servicio educativo.

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La ley también fija procedimientos claros: el sindicato debe notificar la medida de fuerza con cinco días de anticipación, presentar un plan para garantizar la prestación mínima del servicio y comunicar a las familias cómo se organizarán las clases durante el conflicto.

Nada de eso ocurrió.

El paro fue anunciado con escasa anticipación, no se presentó ningún esquema para asegurar el funcionamiento mínimo de las escuelas y tampoco se informó a las familias cómo se garantizaría la continuidad educativa.

Pero el incumplimiento no es solo sindical. El gobierno provincial también tiene responsabilidades que no pueden ignorarse. Las paritarias deberían resolverse antes del inicio del ciclo lectivo, precisamente para evitar que el conflicto estalle cuando las clases ya comenzaron.

Negociar en marzo lo que debería discutirse durante el verano es una forma segura de trasladar el problema a las aulas.

La consecuencia es una escena que se repite todos los años: chicos que no saben si tendrán clases, familias que deben reorganizar su vida laboral y un sistema educativo que pierde continuidad pedagógica.

La educación pública queda atrapada así entre dos lógicas que parecen incapaces de encontrarse: la presión sindical y la restricción fiscal.

Porque también hay un dato incómodo en esta discusión. Los aumentos salariales no salen de un lugar abstracto. Salen de la recaudación. Es decir, de los impuestos que pagan ciudadanos cuyos salarios muchas veces tampoco acompañan la inflación.

Ese es el principio de realidad que debería atravesar cualquier negociación.

El sistema educativo necesita docentes bien remunerados, pero también necesita previsibilidad. Y, sobre todo, necesita que el calendario escolar deje de ser la variable de ajuste de cada conflicto.

Mientras eso no ocurra, cada inicio de clases seguirá repitiendo el mismo guion: paros, negociaciones urgentes y semanas que pasan sin que las aulas logren funcionar con normalidad.

Y en esa historia, los únicos que no tienen voz en la negociación —los alumnos— son también los que terminan pagando el costo más alto.

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