Carnet para protestar

La reciente propuesta del diputado del PRO, Gabriel Chumpitaz, sobre la creación de un carnet para protestar, levanta muchas interrogantes. Chumpitaz, quien se presenta como especialista en seguridad, sugiere un derecho de admisión para manifestantes, separando a los que protestan pacíficamente de aquellos que generan violencia y desmanes.

En un contexto donde las manifestaciones en Argentina a menudo se transforman en batallas campales, la idea de un carnet para protestar resulta, como mínimo, extraña. No existe un precedente similar en el mundo, y su implementación plantea serios desafíos operativos y constitucionales.

La propuesta incluye un sistema de control similar al de los estadios, donde se verificaría la identidad de los manifestantes. Sin embargo, esto plantea la pregunta sobre el respeto al protocolo de seguridad vigente, que busca evitar cortes de calles y garantizar el derecho a protestar en espacios habilitados.

Un aspecto crucial es el derecho constitucional a la libertad de expresión. La propuesta de Chumpitaz podría interpretarse como un intento de restringir este derecho a aquellos con antecedentes penales, lo cual es problemático. La Constitución garantiza el derecho a peticionar ante las autoridades, y no debería ser limitado por el historial del manifestante.

Además, surge la cuestión de quién tendría la autoridad para admitir o rechazar a un manifestante. Si la marcha es organizada por quienes podrían ser excluidos, ¿quién decide quién puede participar? Esto genera confusión sobre la naturaleza misma de la protesta y su organización.

En lugar de implementar un carnet de manifestantes, sería más efectivo fortalecer las capacidades de la policía para identificar y detener a los violentos durante las protestas. La tecnología y las cámaras de seguridad pueden ser herramientas útiles en este sentido, pero deben ser utilizadas de manera efectiva y con un enfoque en la justicia.

El problema de la violencia en las manifestaciones es real y debe abordarse. Sin embargo, las soluciones propuestas deben ser viables y respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La idea del carnet para protestar parece más un intento de controlar que una verdadera solución a los problemas existentes.