Bullying: entre el cristal y el abandono

Un reciente fallo judicial en Mendoza puso el tema del bullying escolar en el centro de la escena. La Justicia condenó al Ministerio de Educación de la provincia a indemnizar con 4,5 millones de pesos a una niña de 11 años y su familia por los daños sufridos a causa del hostigamiento que la menor padeció durante ocho meses en una escuela de Godoy Cruz, en 2022. 

Este caso, lejos de ser aislado, nos obliga a pensar sobre las responsabilidades, los protocolos y las sensibilidades sociales frente a un problema que, aunque siempre existió, hoy exige respuestas más efectivas.

La niña, alumna de quinto grado, fue víctima de insultos, empujones, golpes y discriminación en redes sociales por parte de un compañero. El hostigamiento dejó secuelas graves: una lesión en la mano, crisis de angustia, internaciones, síndrome de ansiedad, depresión y una disminución de su capacidad en un 20%, según el fallo. 

La Justicia determinó que la escuela tomó medidas, pero estas no fueron eficaces. Se confeccionaron actas, se llamó a la reflexión, se separaron a los chicos en turnos, pero la víctima fue quien terminó aislada, una práctica que, lejos de resolver el problema, lo agravó. El mensaje del fallo es claro: no basta con actuar, hay que hacerlo bien. Si hay daño, hay responsabilidad, más allá de las intenciones.

Este caso plantea varios puntos de discusión. El primero, y más evidente, es que no podemos tolerar que un niño sea maltratado en una escuela. Ese debe ser el punto de partida. ¿Quién es el verdadero responsable? El Ministerio de Educación, como entidad abstracta, debe pagar la indemnización, pero ¿Qué pasa con las responsabilidades individuales? ¿Qué rol jugaron la directora, los docentes, el personal de la escuela? Si cada caso de bullying termina en una condena al Estado, ¿estamos preparados para enfrentar una avalancha de demandas? 

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Los casos de bullying, con toda su gama de grises, son innumerables. ¿Existen protocolos claros y uniformes en todas las escuelas, o cada una improvisa? Y si los hay, ¿se aplican correctamente, atendiendo tanto a la víctima como a la familia del agresor?

El fallo subraya un principio clave: el daño es lo que importa. Esto pone en jaque a las escuelas y al sistema educativo. Los protocolos no pueden ser meros formalismos: deben ser efectivos, rigurosos y aplicados sin excepción. Pero también nos lleva a preguntarnos si esta sensibilidad hacia el bullying, absolutamente necesaria, no está desbalanceada en relación con otros problemas educativos. 

Por ejemplo, ¿Qué pasa con los chicos que pierden meses de clases por paros o deficiencias del sistema? ¿No es eso también un daño, con consecuencias a largo plazo en sus oportunidades laborales y su desarrollo? ¿Por qué no sentimos la misma urgencia por indemnizar o resolver esas carencias?

Finalmente, este caso nos enfrenta a una zona gris: ¿Cómo equilibramos la protección de los niños con la preparación para enfrentar las dificultades de la vida? Por un lado, no podemos criar una generación que no sepa lidiar con conflictos; por otro, no podemos abandonar a los niños víctimas de hostigamiento, cuyas heridas pueden marcarlos de por vida. 

Hay quienes dicen que el bullying siempre existió y que "es parte de crecer". Pero también hay historias de personas que, décadas después, recuerdan cómo un compañero les arruinó la infancia porque nadie intervino. La escuela no puede mirar para otro lado, pero tampoco puede tratar todos los casos con la misma vara. A veces, basta con un adulto que medie; otras, se requiere una intervención más profunda.

El fallo de Mendoza nos dice que el bullying no es un problema menor y que las soluciones tibias no sirven. Pero también nos desafía a pensar en las responsabilidades individuales, en la eficacia de los protocolos y en cómo construimos un sistema educativo que no solo proteja, sino que forme personas resilientes y respetuosas.

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