El ingreso de celulares y drogas en cárceles: un problema persistente en Córdoba

En Argentina, las cárceles enfrentan un problema crónico: el ingreso de celulares, armas y drogas. A pesar de las restricciones, estos elementos entran de diversas maneras, incluso mediante palomas mensajeras. La situación se repite constantemente, con allanamientos que buscan desbaratar organizaciones que operan dentro de las prisiones.

Este miércoles trascendió un nuevo caso en la cárcel de Bouwer. Un preso, utilizando un teléfono fijo, alertó a la fiscalía sobre la presencia de celulares y drogas en varias celdas. Este acto de denuncia llevó a la realización de 28 allanamientos, donde se incautaron 39 celulares, cocaína, marihuana y armas "tumberas".

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Es notable que el preso decidió comunicarse directamente con la fiscalía, sin confiar en el servicio penitenciario. A pesar de los esfuerzos previos para desbaratar bandas y detener a miembros del servicio penitenciario, el problema persiste. 

El fiscal Enrique Gavier ha realizado detenciones, pero el ingreso de estos elementos sigue siendo un desafío.

La situación plantea preguntas sobre la efectividad del control en las cárceles. Personalmente, he experimentado cómo se restringe el uso de celulares al ingresar a una prisión. Sin embargo, los reclusos continúan teniendo acceso a estos dispositivos, lo que indica fallas en el sistema de seguridad. El Ministerio de Justicia de Córdoba ha intentado implementar cambios, pero los problemas continúan.

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Un caso reciente en un juicio reveló que un preso consumía drogas a diario, incluso estando detenido. Esto pone de manifiesto la falta de control y la complicidad que puede existir entre algunos miembros del servicio penitenciario y los internos. Es fundamental analizar no solo a las personas involucradas, sino también el sistema que permite que estas situaciones se repitan.

La denuncia de este preso es un claro ejemplo de la necesidad de una reforma profunda en el sistema penitenciario argentino. 

Es evidente que las medidas actuales no son suficientes para erradicar el ingreso de elementos prohibidos. La confianza en las autoridades penitenciarias se ha erosionado, y es crucial que se tomen medidas efectivas para abordar esta problemática de manera integral.