Periodistas bajo la lupa: el Gobierno vuelve a tensar con la prensa

La propuesta de considerar a los periodistas como personas políticamente expuestas abre una discusión que excede largamente el plano administrativo. En apariencia, la medida podría presentarse como una exigencia de transparencia patrimonial. Sin embargo, leída en el contexto político actual, parece inscribirse en una ofensiva más amplia del Gobierno contra el periodismo.

Mientras el oficialismo impulsa una agenda de desregulación, en este caso vinculada también al mercado de las telecomunicaciones, promueve al mismo tiempo una regulación específica sobre la actividad periodística. La figura de persona políticamente expuesta está pensada para quienes administran, deciden o pueden disponer de fondos públicos. No es, en principio, el caso de los periodistas.

La iniciativa surge en un clima marcado por agravios presidenciales a trabajadores de prensa, restricciones en ámbitos oficiales, cuestionamientos a programas periodísticos e investigaciones incómodas para el poder. En ese marco, la medida puede ser leída menos como una herramienta de control institucional y más como una forma de presión o represalia.

El problema no está en exigir que cualquier ciudadano tenga en regla sus obligaciones fiscales o patrimoniales. Eso ya existe. La cuestión es si corresponde colocar a periodistas en una categoría diseñada para funcionarios, jueces, legisladores o personas con capacidad real de manejar recursos del Estado.

Si existieran pagos irregulares, sobres o fondos reservados destinados a influir sobre comunicadores, la responsabilidad primaria debería recaer en quienes administran esos recursos públicos. En ese caso, la discusión debería apuntar a transparentar la pauta oficial, los gastos reservados, el funcionamiento de los medios públicos y el financiamiento de estructuras de propaganda estatal o paraestatal.

También hay un dato político: la propuesta difícilmente avance sin apoyos legislativos externos al oficialismo. El PRO no aparece dispuesto a acompañarla y el kirchnerismo, aun con su propia historia de tensiones con la prensa, difícilmente facilite votos en este contexto. Esa resistencia muestra que el asunto no se reduce a una disputa sectorial, sino a un límite institucional.

La democracia argentina arrastra desde 1983 debates pendientes sobre la pauta oficial, los medios públicos y la relación entre poder político, dinero y comunicación. Regular esos espacios sería más útil que convertir al periodismo en sospechoso por definición.

Cuando gobiernos de distinto signo tienden a ver a la prensa como adversaria, el periodismo cumple mejor su función si incomoda al poder. La transparencia es necesaria, pero no puede usarse como excusa para disciplinar a quienes investigan, preguntan o cuestionan.

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