La Mesa de Café
27/06/2019 | 09:12 |
Son 43 mayores imputados por las tomas efectuadas por sus hijos durante el debate por el aborto. El fiscal Carlos Rolero Santurián explicó que se los acusa bajo la figura de "comisión por omisión".
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La Justicia porteña citó a declarar a los 43 padres imputados por las tomas de colegios realizadas por sus hijos el año pasado, durante la vigilia del debate por el proyecto de legalización del aborto.
A los progenitores se los acusa bajo la figura de “comisión por omisión”, y según explicó a Cadena 3 Carlos Rolero Santurián, fiscal penal de la Ciudad de Buenos Aires, “tanto el hacer como el no hacer implica una responsabilidad”.
“Si está en una playa y una persona se ahoga el bañero tiene la obligación de intervenir y esa no intervención tiene una sanción penal”, ejemplificó.
En este marco y frente a la responsabilidad de los padres en la toma, el funcionario judicial indicó que “el no hacer de los padres frente a la conducta de sus hijos implicaba una obligación en todas las leyes que resguarda”.
“Tenían la obligación de evitar que estos menores lleven adelante estas conductas. Los padres tenían conocimiento de la conducta de sus hijos y la posibilidad de evitar que esto ocurra”, manifestó.
Además explicó que se tomó declaración a los padres de un colegio donde la matrícula es de 945 alumnos y los que estaban en la toma no llegaban al 10%.
“Esto afectó al 90% restante de realizar su derecho constitucional de enseñar y aprender”, advirtió.
En este sentido dijo que la toma generó una responsabilidad “no desde el punto de vista civil, sino penal y es la primera vez que se realiza esta imputación”.
“Acá la obligación no está en cabeza de cualquier otro ciudadano. Es obligación del vínculo paterno familiar impedir que se cometan este tipo de actos. Lo que se estaba afectando es el derecho constitucional de otros estudiantes de aprender”, precisó.
El fiscal manifestó que en los colegios la responsabilidad civil de los padres es evidente pero la cuestión central en este caso es que la situación se da dentro del marco penal.
“La primer discusión es tratar de acreditar esto desde el punto de vista penal, que es inédito, y es la principal discusión y lo que ha generado controversia en la opinión pública”, destacó.
Como consecuencia, adelantó que al tratarse de una controversión la pena para los progenitores podría ser de una multa de 10 mil pesos o trabajo comunitario en una entidad de bien público.
“Lo fundamental es sentar un precedente de estas características que dejan un precedente sobre la materia”, concluyó.
Las tomas de colegios en el marco del debate por el aborto legal se llevaron a cabo en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia", en la N° 1 "Presidente Roque Sáenz Peña", en la Normal N° 6 "Vicente López y Planes", en el Mariano Moreno, en la Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken y en la N° 5 "Martín Miguel de Güemes".
Entrevista de Miguel Clariá.