Polémica en Estados Unidos por el plan de transmitir en vivo la ejecución de un exmilitar

El arzobispo militar de Estados Unidos, Timothy Broglio, pidió a los soldados católicos que sean convocados para ejecutar al autor de la masacre de Fort Hood que soliciten ser eximidos de integrar el pelotón de fusilamiento.

El prelado expresó su oposición a la pena de muerte y cuestionó el plan del Pentágono de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 en 2009.

En una declaración difundida el 12 de octubre, el responsable de la atención pastoral de los católicos de las Fuerzas Armadas estadounidenses sostuvo que participar de ese procedimiento contradice las enseñanzas de la Iglesia. También reclamó que se reconsidere la difusión por streaming y que, como mínimo, se impida que las imágenes lleguen a niños y jóvenes.

"¿Realmente queremos imitar a los terroristas de este mundo y convertir la bárbara ejecución de nuestros adversarios en un espectáculo público?", planteó Broglio. A su juicio, convertir la muerte de una persona en una puesta en escena resulta incompatible con la defensa de la dignidad humana.

El arzobispo advirtió, además, sobre las posibles consecuencias psicológicas y morales para los integrantes del pelotón de fusilamiento. Su llamamiento apuntó a que los militares católicos invoquen sus convicciones religiosas y pidan quedar exceptuados de realizar un acto contrario a la doctrina de su Iglesia.

La postura fue compartida por la Conferencia Episcopal Católica de Texas, que reclamó suspender la ejecución y abandonar su transmisión pública. El obispo de Austin, Daniel Garcia, cuya diócesis comprende Fort Hood, afirmó que "la verdadera justicia no puede alcanzarse mediante más violencia o venganza".

También advirtió que realizar el fusilamiento en la misma base donde ocurrió la matanza, especialmente si se difunde en vivo, agravaría el trauma de familiares, sobrevivientes y miembros de la comunidad militar.

El pronunciamiento religioso se conoció después de que el Pentágono anunciara, el 5 de octubre, que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había recomendado ejecutar a Hasan mediante un pelotón de fusilamiento y que el presidente Donald Trump había aprobado ese método.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, comunicó la decisión en redes sociales. "Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan", escribió en X. En ese anuncio inicial, señaló que el secretario del Ejército determinaría la fecha y el lugar. Posteriormente, las autoridades fijaron el procedimiento para el 3 de diciembre, a las 13 (hora local) en Fort Hood, Texas, la misma base donde se cometieron los asesinatos. El 8 de octubre, el Pentágono confirmó el plan de transmitirlo en vivo.

Si se concreta, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera mediante un pelotón de fusilamiento desde 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Hasan es uno de los cuatro presos que permanecen en el corredor de la muerte del sistema militar.

La masacre ocurrió el 5 de noviembre de 2009, cuando Hasan, entonces mayor y psiquiatra del Ejército, ingresó a un edificio médico de Fort Hood. El lugar estaba lleno de militares desarmados que aguardaban revisiones y vacunas antes de ser desplegados a una zona de guerra.

Hasan sacó una pistola FN Five-seveN y comenzó a disparar. Según los testigos, gritó "¡Allahu Akbar!", expresión que significa "Dios es grande" en árabe. En unos diez minutos asesinó a 12 militares y un civil e hirió a otras 32 personas. Fue el ataque más mortífero registrado en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate.

Durante el consejo de guerra de 2013, admitió que había efectuado los disparos y pidió disculpas por "cualquier error". Afirmó que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán. Ese año fue condenado a muerte.

Antes del ataque, el FBI había detectado correos electrónicos entre Hasan y el predicador radical Anwar al-Awlaki, pero consideró que esos intercambios estaban vinculados con una investigación profesional y no constituían una amenaza.

Hasan nació el 8 de septiembre de 1970 en Arlington, Virginia, en una familia estadounidense de origen palestino. Ingresó al Ejército en 1988, estudió bioquímica, se recibió de médico y se especializó en psiquiatría.

Durante su formación en el Centro Médico Militar Walter Reed, atendió a soldados que regresaban de Irak y Afganistán con secuelas psicológicas del combate. Con el tiempo, algunos colegas y superiores comenzaron a cuestionar tanto su desempeño profesional como sus declaraciones sobre las intervenciones estadounidenses en países musulmanes.

El sistema de justicia militar funciona de manera separada de los tribunales estatales y federales civiles. Para ejecutar una condena a muerte exige una revisión de las apelaciones, una resolución definitiva sobre la legalidad del proceso y la aprobación del presidente.

En el caso de Hasan, el Ejército informó que Trump aprobó la sentencia el 2 de octubre, después de completarse las apelaciones directas. La Corte Suprema había rechazado revisar su condena el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, el condenado todavía puede recurrir a los tribunales federales civiles, lo que podría demorar el procedimiento.

La pena capital militar fue declarada inconstitucional en 1983 por el tribunal de apelaciones militares, antecedente del actual Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas. Al año siguiente, el presidente Ronald Reagan la restableció mediante una orden ejecutiva que incorporó nuevas reglas para su aplicación.

La mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos se realizan en el ámbito estatal. Veintisiete estados, además del gobierno federal y las Fuerzas Armadas, mantienen la pena de muerte en su legislación.

El fusilamiento es un método poco frecuente. En marzo de 2025, Carolina del Sur lo utilizó por primera vez y concretó la primera ejecución de ese tipo en el país en 15 años. También está permitido en Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah.

Trump defendió la aplicación de la pena capital federal y, el 20 de enero de 2025, primer día de su segundo mandato, firmó una orden ejecutiva para reactivar su utilización. Durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia había establecido una moratoria sobre las ejecuciones federales.

La orden de Trump presenta la pena de muerte como "una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses".

Informe de Cynthia Zak, corresponsal de Cadena 3 en Estados Unidos.