Penalista critica la liberación exprés del vecino que mató al policía Azábal

El trágico episodio en Villa Belgrano, donde el suboficial Luis Azabal murió tras ser baleado por ser confundido con un delincuente por el dueño de casa durante un asalto, reavivó una intensa polémica sobre el accionar judicial y administrativo frente a las fuerzas de seguridad.

La rapidez con la que el fiscal Víctor Chiapero otorgó la libertad al civil involucrado, tras un cambio de carátula en apenas tres horas, generó malestar no solo en la cúpula política, sino también en los profesionales que defienden a los uniformados.

En este contexto, Hugo Luna, abogado penalista especialista en la defensa de policías de la Provincia de Córdoba, analizó en La Mesa de Café las asimetrías del sistema. Luna profundizó sobre la existencia de una "doble vara" judicial y las graves consecuencias económicas y familiares que enfrentan los efectivos cuando son imputados, a diferencia de cualquier otro ciudadano o empleado público.

- ¿Qué opinión le merece la celeridad con la que el fiscal liberó al autor del disparo que mató al policía Luis Azabal?

En poco tiempo, en tres horas, ni siquiera se tiene el resultado de la autopsia, el secuestro de las armas, la pericia del arma, de los proyectiles, de las vainas, la carpeta técnica de policía judicial, el propio testimonio que puede brindar el imputado en la declaración indagatoria. Si el fiscal merituó que había motivos para detenerlo, el cambio de calificación requiere pruebas que llevan tiempo.

- El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habla de una "doble vara" en la Justicia según el protagonista sea un policía o un civil. ¿Coincide con esta apreciación?

A través de los años y de la experiencia que tengo en la defensa de muchos policías, siempre ha ocurrido exactamente lo mismo. No se produce una resolución con la prontitud que a veces se requiere, sino todo lo contrario. Hay policías que han tenido un larguísimo peregrinar en la justicia y han llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia para recién ahí obtener una absolución tras años de lucha.

- ¿Qué sucede administrativamente con un policía en Córdoba apenas es imputado por un delito doloso?

Inmediatamente implica el inicio de un sumario administrativo y la imposición de una medida cautelar: la situación pasiva. El efecto, más allá de no trabajar, es un descuento sustancial de su sueldo. Solo percibe el 30%, al que se le restan aportes y obra social, es decir, mucho menos. Es la única repartición de la Administración Pública Provincial que cuando es sometido a una investigación se le retienen haberes. Al resto, están suspendidos pero siguen con el goce de haberes.

- ¿Cuál es el impacto humano y familiar de estos procesos judiciales y administrativos tan prolongados?

Se pasa por situaciones extremadamente graves, críticas, e inclusive hay policías que han perdido su familia por esta cuestión netamente económica. Todo policía que sale a la calle, el procedimiento se lo lleva por delante a él. El policía nunca sale a buscar un procedimiento.

Con la nueva ley, la situación pasiva tiene un límite y después quedan sin cobrar un centavo. La reparación futura nunca logra, en definitiva, reparar el daño causado en tantos años.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".