Declararon "abstracto" el caso Larrabure tras la muerte de un exjefe del ERP

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar "abstracto" el pedido de la querella para que el secuestro y asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, perpetrado hace 50 años por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sea considerado crimen de lesa humanidad.

La decisión se fundamentó en el fallecimiento de Juan Arnold Kremer, principal imputado y acusado de ser uno de los autores mediatos del crimen, según informó el tribunal.

El caso Larrabure es uno de los episodios más emblemáticos de la violencia guerrillera en la Argentina de los años '70. El coronel, entonces subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, fue secuestrado en agosto de 1974 durante un intento de copamiento del cuartel por parte del ERP.

Tras permanecer un año en cautiverio, fue asesinado por sus captores el 19 de agosto de 1975, bajo gobierno constitucional.

La querella, encabezada por Arturo Larrabure, hijo del militar, y representada por el abogado Javier Vigo Leguizamón, había solicitado la indagatoria de Kremer, quien asumió la conducción del ERP tras la muerte de Mario Roberto Santucho en 1976.

Sin embargo, con el fallecimiento de Kremer, la Corte consideró que el caso se tornó "abstracto". A pesar de la resolución, la querella presentó un recurso de reposición in extremis, argumentando que otras personas involucradas en el crimen aún podrían ser investigadas.

Según la doctrina judicial, las sentencias de la Corte no son recurribles salvo en casos de "errores sustanciales o esenciales", un punto que la familia Larrabure busca destacar para lograr que el asesinato sea declarado crimen de lesa humanidad.

El caso había sido previamente rechazado por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien consideró que no se trataba de un crimen de lesa humanidad. La Cámara Federal de Rosario también desestimó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al sostener que no hubo combate por parte del ERP en el ataque. La querella refutó esta interpretación, afirmando que hubo enfrentamientos en la unidad militar y bajas en la organización guerrillera.

En su último recurso, Arturo Larrabure señaló que un escrito presentado en diciembre, no valorado por la Corte, identificaba a "numerosos partícipes" en el secuestro, incluyendo un video titulado "El copamiento", producido por Mariana Britos y Mauro Pérez con auspicio de la Universidad de Villa María, en el que exmiembros del ERP reivindican la operación.

Entre los señalados están Carlos Raimundo Moore, acusado de reducir a la guardia, y otros como Ana María Sivori, Luis Adolfo García, Raúl Horr, y un grupo de unas 50 personas que habrían participado en el ataque.

La querella también destacó que el ERP habría recibido apoyo de agrupaciones subversivas extranjeras y dirigentes políticos latinoamericanos, y subrayó que el caso reviste "interés público". A la espera de una nueva resolución, la familia Larrabure insiste en que la Justicia reabra la investigación para esclarecer uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente argentina.

Arturo Larrabure, hijo del coronel argentino, se pronunció sobre el caso de su padre en diálogo con La Mesa de Café. "A la Argentina le costó mucho cerrar heridas muy dolorosas del pasado", afirmó Larrabure, quien destacó la importancia de reconocer los crímenes cometidos durante la dictadura y el terrorismo de Estado. "No podemos 'una parte sí y otra no'", insistió, en referencia a la historia incompleta de Argentina.

El ataque del ERP contra la fábrica militar de Villa María, que resultó en el secuestro de su padre, es un episodio que Larrabure busca que no quede impune. "La Justicia debe rever el caso y juzgar con los dos ojos", señaló, exigiendo una mirada imparcial sobre los hechos.

El hijo del coronel también menciona un video titulado "Decididos", que contiene testimonios de excombatientes del ERP sobre el ataque. "Si la Corte mira para otro lado, no hace nada", criticó Larrabure, quien consideró que esto es un obstáculo para que la verdad salga a la luz.

"Cuando hay un ataque sistemático a la población civil, estamos ante un delito de lesa humanidad", explicó, argumentando que la Corte debería reconsiderar su decisión y mantener abierta la causa. "Estamos hablando de un grupo armado que ataca una unidad militar en tiempos de un gobierno constitucional", añadió.

Larrabure sostuvo en esta emisora que si la Corte reitera su fallo, la única opción será acudir a la Corte Interamericana de Justicia. "Han pasado más de cincuenta años. ¿Esto es justicia o venganza?" cuestionó.

Entrevista de Miguel Clariá.