Convivencia escolar en crisis: el drama detrás de la niña armada en Mendoza

El caso que conmocionó a Mendoza y al país en septiembre de 2025, cuando una adolescente de 14 años se atrincheró armada en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, tomó un giro inesperado: lo que inicialmente se intervino bajo los protocolos de acoso escolar, tras las revelaciones en Cámara Gesell, derivó en la detención de un celador de la institución, acusado de abuso sexual contra la menor.

Esta nueva faceta del drama judicial no solo recalca la vulnerabilidad de las infancias en ámbitos que deberían ser seguros, sino que expone las profundas grietas en los sistemas de detección temprana dentro de las comunidades educativas.

Para analizar la complejidad de este escenario, Alejandro Castro Santander, especialista en gestión de la convivencia social y escolar, y actual titular del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica Argentina (UCA), habló en La Mesa de Café sobre la falta de formación docente para identificar indicadores de abuso, la importancia de desmitificar las "denuncias falsas" y la carencia de políticas públicas integrales que entiendan que, sin una convivencia sana y protegida, cualquier intento de calidad educativa es una ilusión.

- El bullying es un espanto, pero aquí estamos en un extremo: la presunción de un ataque sexual dentro de la escuela por parte de alguien con autoridad. ¿Cómo cambia esto el análisis del caso?

Se nos modificó absolutamente el contexto. Esto comenzó como una presunta represalia por bullying y movilizó a toda la gestión escolar en Mendoza. Pero ahora nos vamos para otro lado, un tema muy triste que muestra cifras preocupantes de abuso sexual de menores. Se calcula que el 78% de las víctimas son de género femenino y los momentos más frecuentes están entre los 12 y los 14 años. Cuando esto sucede en una comunidad educativa, el impacto es total.

- La niña buscaba a su agresor con un arma; fue un intento de vengar el ultraje. ¿Qué nos dice esto sobre la ruptura de la convivencia?

Ella encontró esa forma de intentar reparar lo que venía sufriendo. Nos alerta sobre los procesos psicológicos; no es sencillo que denuncien inmediatamente. Hay todo un proceso donde recién algo dispara la posibilidad de hablar o se evidencia con un acto como este.

El porcentaje real de denuncias falsas está entre el 2% y el 3%, por lo que hay que tomar estos relatos con suma seriedad.

- En su libro "Claves para gestionar la convivencia", plantean estrategias útiles. ¿Tienen los docentes herramientas reales para intervenir o detectar estas situaciones?

Lamentablemente, los temas de convivencia y la mirada contra las violencias, incluido el abuso sexual, no ocupan un lugar importante en la formación. La escuela tiene una falla que hace a la formación y a la capacitación. Muchos directivos incluso consideran que los problemas de convivencia son un tema menor. Existen indicadores físicos y de comportamiento que deberían formar parte de la formación docente obligatoria.

- ¿Tienen los docentes el respaldo para denunciar si sospechan de algo así?

Ese es el gran problema. El docente teme equivocarse. Pero es mucho peor no denunciar bajo la sola sospecha que haberse equivocado. Hay que convencer a los docentes de esto, pero también la Justicia debe garantizar canales claros y anonimato, porque a veces el docente queda expuesto a las represalias de las familias.

- ¿Existen modelos exitosos en la región que podamos seguir para mejorar la convivencia escolar?

Países como México o Chile han integrado esto en sus políticas públicas. Necesitamos un programa integral nacional que pase a las provincias y a cada una de las escuelas. No hablo solo de bullying, sino de la gestión de la convivencia en general, incluyendo el acoso laboral entre adultos. Todo esto boicotea directamente la calidad educativa; si no hay un ambiente seguro, los chicos no aprenden y el docente no puede enseñar.

Entrevista de Miguel Clariá.