Caso Miguel Salinas: el autor de los seis crímenes, a juicio por lesa humanidad

La historia criminal de Córdoba  busca cerrar un círculo de horror que une la represión clandestina de los años setenta con la violencia policial de la democracia. Miguel Ángel Salinas, el cabo que en septiembre de 1987 protagonizó la masacre del Banco Popular Financiero en Río Cuarto —donde seis personas fueron asesinadas—, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Esta vez, el escenario es la Justicia Federal y los cargos remiten a su formación en las sombras del terrorismo de Estado.

En diálogo con Cadena 3, el fiscal federal Facundo Trotta, uno de los impulsores de la elevación a juicio, detalló los antecedentes de Salinas. Según la investigación, el ex policía no solo fue un ejecutor en tiempos democráticos, sino que integró activamente las "patotas" de la Unidad Regional Sur bajo el mando de Miguel Ángel "El Gato" Gómez. 

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- ¿De qué delitos están acusando específicamente a Miguel Ángel Salinas y a las otras personas imputadas en esta megacausa "Gutiérrez" de lesa humanidad?

Salinas es uno de los 24 acusados en esta gran causa que involucra hechos cometidos justamente en la ciudad de Río Cuarto. Viene acusado por dos hechos de privación ilegítima de la libertad, cinco imposiciones de tormentos agravados y un abuso sexual. Estos hechos se cometieron doce años antes de aquel tremendo caso por el que fue condenado, porque los sucesos que vamos a juzgar ocurrieron entre agosto y septiembre del año 1975.

- A partir de la reconstrucción histórica, ¿se puede inferir que Salinas se "recicló" en la policía de la democracia tras haber sido torturador y abusador en la dictadura?

Así es. Salinas formaba parte del grupo que encabezaba nada más y nada menos que el múltiple condenado Miguel Ángel Gómez, alias "El Gato" Gómez. Este grupo, integrado por policías que se desempeñaban en la Unidad Regional Sur con sede en Río Cuarto, llevaba a cabo procedimientos al margen de la ley donde sometían a las víctimas a sesiones de tortura, interrogatorios y golpes. Muchas víctimas incluso tenían causas judiciales abiertas por la Ley de Seguridad Nacional, y aun así eran sometidas a estos tormentos. 

En el expediente surge que recién en mayo de 1989 se lo deja cesante por tener causas judiciales en su contra.

- ¿Cómo es posible que Salinas haya ingresado a la fuerza policial casi en simultáneo con los hechos que hoy se investigan como delitos de lesa humanidad?

Así es, justamente los hechos suceden entre agosto y septiembre de 1975, y Salinas ingresa a la Unidad Regional en septiembre. Una de las defensas que alegó él es que era un recién ingresado; lo que ocurre es que nosotros tenemos víctimas que lo mencionan participando de las sesiones de tortura y de los interrogatorios, y lo reconocen, incluso por fotografías.

- ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que Salinas haya esperado este nuevo proceso en libertad, residiendo en Córdoba y trabajando como electricista?

Las medidas de coerción las dispone el Juzgado Federal. Muchos de los acusados están en libertad porque el Juzgado valoró que no han obstruido la investigación y se han sometido al proceso. Sin embargo, a criterio de la Fiscalía son hechos muy graves. Teniendo tantos tormentos, imagínense que vamos a ir por el máximo de la pena, la escala penal va a 25 años. Por eso, al momento de pedir la pena en el juicio, requeriremos la inmediata detención y la prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad de la sanción solicitada.

- Ustedes han tratado con decenas de represores, ¿es Salinas el caso más extremo de alguien que, tras los "años de plomo", continuó cometiendo crímenes de esta magnitud en democracia?

Nosotros tenemos el registro de que fue cesante por causas judiciales, pero las circunstancias de la gravedad del hecho descrito en la masacre del banco han llamado poderosamente la atención. Recuerdo a Miguel Ángel Gómez y a algún otro policía que hayan sido condenados en democracia, pero la descripción de este caso es particularmente impactante.

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Entrevista de "Siempre Juntos".