Para Sesin, el Tribunal de Cuentas de Córdoba evita muchos delitos de corrupción

Doctor Sesin, bienvenido. Estamos en una semana muy especial ante el inicio del año judicial. ¿Cuál es la agenda y cuáles son los propósitos que se ha trazado el Tribunal Superior de Justicia para este ciclo?

Los objetivos principales son buscar una justicia cada vez más rápida, más humana y más cercana al ciudadano. La estrategia consiste en renovar las oficinas judiciales a través de tribunales de gestión asociada. Esto permite aglutinar tribunales de la misma especialidad para que el juez se concentre en su función más importante: dictar sentencias y presidir audiencias orales. El resto de la actividad administrativa y de trámite queda a cargo de una oficina especializada, todo esto acompañado por la oralidad en los procesos civiles, laborales y penales.

Se habla mucho de la necesidad de pasar al sistema oral en el ámbito federal, pero Córdoba lo implementó hace tiempo. ¿Es esto una garantía de velocidad o la justicia provincial sigue siendo lenta?

Existe un acrecentamiento de las causas por diversos motivos, pero los porcentajes de juicios resueltos en la oralidad civil y laboral demuestran que la celeridad ha aumentado. La oralidad no solo acelera los procesos, sino que permite el contacto directo del juez con las partes, lo que facilita llegar a acuerdos y acortar los tiempos procesales. Hemos perfeccionado estos criterios siguiendo estándares de organización administrativa que ya veníamos implementando.

¿A qué se debe el aumento en el número de causas judiciales en la actualidad?

Por un lado, han aumentado los derechos a partir de la Constitución de 1994, incluyendo la protección de consumidores, usuarios de servicios públicos y el medio ambiente. Por otro lado, la crisis del estado de bienestar y la tendencia a legislar permanentemente de forma muy especializada generan una mayor litigiosidad. Además, ha cambiado la forma de dirimir controversias: hoy el juez no se ajusta estrictamente a la letra de la ley como un autómata, sino que realiza un análisis constitucional más amplio, basado en tratados internacionales, principios y valores, buscando una justicia "hecha a medida".

¿No es riesgoso que exista un margen de interpretación tan amplio para los jueces?

Puede tener sus riesgos, pero es una mayor garantía de derechos. Interpretar las leyes con rigor extremo puede implicar grandes injusticias. El juez actual es un intérprete del orden jurídico que busca armonizar la ley con la Constitución y los tratados internacionales. Como decía (Gustavo) Zagrebelsky, el juez no es un esclavo de la ley, sino un intérprete de un bloque de constitucionalidad mucho más vasto.

Ante la posible aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad, ¿cómo plantea la justicia de Córdoba afrontar este desafío?

La justicia de Córdoba, a través de herramientas como la flagrancia y los procedimientos abreviados con oralidad, está capacitada para absorber estas causas en breve tiempo. El desafío principal es para el poder político, que debe prever establecimientos específicos para menores con el objetivo de reencauzarlos en la sociedad, ya que su tratamiento no puede ser igual al de un mayor de edad.

¿Por qué hay pocas condenas por corrupción en Córdoba? ¿Falla la investigación o el sistema es diferente?

El sistema de Córdoba es muy sólido, especialmente por el control preventivo del gasto público. Contamos con un Tribunal de Cuentas que es un órgano independiente del Poder Ejecutivo. Antes de que un contrato de obra pública o suministro tenga vida jurídica, este órgano analiza si es correcto. A nivel nacional este control preventivo fue suprimido en 1992, pasando a ser un control posterior. En Córdoba, el funcionario sabe de antemano que será controlado por un órgano que no depende de él, lo cual evita muchísimos ilícitos.

¿Qué opinión tiene sobre las fiscalías anticorrupción específicas de la provincia?

No tengo una opinión negativa. El control preventivo y el agotamiento de la vía administrativa hacen que el delito, de producirse, sea mucho más complejo y sofisticado, requiriendo investigaciones más exhaustivas. Además, hay que tener cuidado con el exceso de política, donde a veces se utiliza la denuncia penal como una herramienta contra el adversario sobre cuestiones que pueden ser opinables.

¿Cómo debe incorporarse la Inteligencia Artificial (IA) en el Poder Judicial de Córdoba?

Vamos a implementar un protocolo de actuación para utilizar la IA no como una actividad decisoria, sino como una herramienta de apoyo para acelerar trámites. El objetivo es que solucione cuestiones repetitivas, priorice causas urgentes, avance en estadísticas y brinde atención al justiciable las 24 horas. Sin embargo, ningún juez será reemplazado por una computadora; la decisión final y la interpretación de los valores humanos siempre serán responsabilidad del magistrado. La IA debe ser un instrumento para proteger la dignidad de la persona.

Sobre los jurados populares, ¿están los ciudadanos comunes en condiciones de resolver dilemas jurídicos complejos?

La experiencia en Córdoba ha sido muy positiva. Los jurados populares aportan sentido común y un sentido de justicia natural, como el de un "buen padre de familia". Al interactuar con la labor judicial, los ciudadanos cambian su percepción de la justicia y la valoran más. El producto de esa actuación conjunta entre ciudadanos y jueces es sumamente valioso.

Para finalizar, ¿podría recomendarnos un libro o una película que le haya gustado especialmente?

Recomiendo el libro "Nexus", de Yuval Harari, que interpreta la historia en función del futuro. También citaré en mi discurso el libro "El precipicio", de Toby Ord, que analiza los riesgos existenciales del proyecto humano. El autor sostiene que el mayor riesgo no es la naturaleza, sino nuestra propia capacidad humana sin frenos, como la biotecnología mal utilizada o la inteligencia artificial autónoma sin límites. Es una lectura muy interesante.

Entrevista de Sergio Suppo.