Explosión en Rosario: piden 5 años de cárcel para imputados

La fiscal de la causa por la explosión en un edifico en Rosario en 2013 pidió este miércoles cinco años de prisión efectiva para nueve de los once imputados por estrago culposo agravado, mientras que la querella solicitó la misma pena, pero para todos los acusados por el estrago que provocó la muerte de 22 personas.

En la primera audiencia del juicio, la fiscal Graciela Argüelles solicitó la prisión para cuatro directivos de Litoral Gas, la empresa encargada del servicio, tres administradores del consorcio, el gasista y su ayudante.

Al fundamentar su acusación, la fiscal relató que todo comenzó el 24 de julio, una semana antes de la explosión, cuando una vecina del edificio ubicado en la calle Salta 2141 denunció ante la empresa Litoral Gas "que se le apagaba el calefón" y, ante ello, Argüelles sostuvo que hubo "una cadena de negligencias e inoperancias" de los empleados de Litoral Gas, que no detectaron el fondo del problema, que era "la falta de presión del servicio".

"Sin hablar con la vecina reclamante, al concurrir a detectar el problema dejaron en un acta una constancia de que, por un escape de gas, se procedía a cerrar la válvula del suministro con un cepo, fuera del reglamento", apuntó.

Argüelles consideró que, "de haberse detectado desde un principio el problema, podría haberse evitado la tragedia que enlutó a la sociedad de Rosario, porque desde aquel día nada es igual".

"Ese día no empezó el problema. Ese día, al contrario, termina con la explosión en la que 22 familias fueron destrozadas y muchas murieron junto a sus seres queridos", enfatizó la fiscal.

Los acusados por la fiscal son el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, y los empleados de Litoral Gas, Viviana Beatriz Leegstra (gerente técnica), Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes), Guillermo Oller y Luis Curaba.

También les achacó responsabilidades y negligencias a los administradores del edificio, Norma Bauer y Carlos Repupilli (asesor legal), y la administradora del consorcio, Mariela Calvillo.

A estos últimos los acusó por haber promovido una reunión del consorcio el día 2 de agosto, en la que presentó al gasista, Carlos García, quien se iba a encargar de hacer el trabajo del reemplazo del regulador.

La fiscal señaló: "Se trataba de un trabajo que iba a ser más rápido y menos costoso y que, según los testigos que vamos a presentar para el gasista contratado -por García- era 'una boludez' hacerlo".

"García concurrió ese día con un ayudante, Pablo Miño, y, sin comunicar a Litoral Gas, sin cortar la luz, sin cerrar la puerta de ingreso y sin avisar a los vecinos, comenzó a manipular en la planta baja las llaves para hacer el recambio y, cuando empezó con un zumbido la fuga de gas, ambos salieron corriendo del edificio", relató Argüelles sobre la explosión que se escuchó en un gran radio del centro de Rosario, a las 9.38 del 6 de agosto de 2013.

También está acusado el gasista José Luis Ayala, quien había concurrido unos días antes para hacer el trabajo en el edificio, pero que, en cambio, no fue contratado por el consorcio.

Destacó, además, que no encontró responsabilidades penales en el gasista José Luis Ayala y en el empleado de Litoral Gas, Gerardo Luis Bolaño.

En cambio, para la querella, a cargo del letrado Ángelo Rossini, que representa a la familia de Débora Gianangelo (20), una de las 22 víctimas mortales, la misma pena solicitada por la fiscal deberá "extenderse a los 11 imputados".

Por su parte, las defensas adelantaron que pedirán la "absolución" de sus representados por "falta de responsabilidad penal".

En diálogo con Cadena 3, una de las cuatro integrantes de la Fiscalía, María Eugenia Iribarren, explicó: "Hay tres líneas de acusación: por un lado, el gasista y su ayudante por su responsabilidad en el momento de manipular el regulador y los artefactos que generaron la salida de gas y su posterior reacción frente a la inminencia de lo que iba a ocurrir".

"Después, hay tres acusados que son miembros de la administración, a los que se les atribuye todo el tratamiento que se le dio a los problemas de gas que ya tenía el edificio y la contratación de un gasista, primero, y de Carlos García, después", agregó.

Al primer día del juicio, considerado un caso único en la historia judicial de Santa Fe, concurrieron los familiares de las víctimas, mientras en la puerta del tribunal los amigos y vecinos de Débora Gianangelo, una joven de 20 años de la localidad de Arteaga y que estudiaba en la Universidad Nacional de Rosario, instalaron pancartas con pedidos de justicia.

Familiares de una de las víctimas fatales del edificio que explotó por una falla en el sistema de gas, manifestaron este miércoles su "fe y esperanza en la justicia", para que los responsables del hecho vayan presos.

"Las personas que cometen algo tan grave como quitar la vida a otras impunemente, tienen que ir a la cárcel para que este país cambie y la Justicia se haga ver. Cuando bajen el martillo queremos que sea una sentencia firme", dijo Sonia, madre de Débora Gianángelo, una de las fallecidas.

La mujer brindó sus declaraciones a la prensa en la mañana de este miércoles, al ingresar a la primera audiencia que cuenta con 11 personas procesadas por homicidio culposo, a raíz de la explosión ocurrida el 6 de agosto del 2013. En aquella oportunidad, el edificio que se encontraba en Salta y Oroño explotó, a raíz de una falla en el sistema de gas. 

En consecuencia fallecieron 22 personas, mientras que otras 62 resultaron heridas. 

Por su parte, Adrián, hermano de Débora agregó a Cadena 3: “Estamos convencidos desde el día cero de la tragedia en que los pilares de nuestra familia son la memoria para que esto no vuelva a pasar, la justicia para que no quede impune y la verdad para que la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe sepan lo que pasó”.

El Centro de Justicia Penal de Rosario, a cargo de un tribunal formado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zavala y Juan Carlos Leiva, juzga a once imputados: Carlos Osvaldo García, el gasista que manipuló el regulador de gas minutos antes de la explosión; Pablo Daniel Miño, ayudante del gasista; Gerardo Luis Bolaño, Guillermo Oller y Luis Curaba, inspectores de Litoral Gas, y Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa.

También son acusados Viviana Beatriz Leegstra, gerenta técnica de Litoral Gas; Carlos Repuppili, Mariela Calvillo y Norma Bernarda Bauer, administradores del consorcio del edificio, y José Luis Allala, quien hizo tareas de reparación en el sistema de gas días antes de la explosión.

Fuentes judiciales indicaron que durante el juicio se calcula que serán citados a declarar unos 130 testigos.
La familia de Débora Gianángelo es la única que no firmó un acuerdo con los acusados, por lo que es querellante en la causa.

Informes de Eugenia Iérmoli y Muriel Yadanza