Ecuador vota en medio de una crisis de violencia histórica: un homicidio cada hora

Guayaquil (Ecuador) (EFE).- Este domingo, Ecuador lleva a cabo la elección de su presidente, quien gobernará durante los próximos cuatro años, en un contexto de grave crisis de seguridad. En 2025, el país ha alcanzado una alarmante media de un homicidio cada hora, a pesar de que desde hace un año se ha declarado una «guerra» contra el crimen organizado.

El presidente Daniel Noboa, que busca la reelección, ha desplegado a las fuerzas militares en las calles y cárceles para intentar contener la creciente violencia.

En enero y febrero de 2025, se reportaron 793 y 736 homicidios respectivamente, según datos oficiales, lo que pone de manifiesto el incesante aumento de la violencia en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones, en las que participa también la candidata correísta Luisa González.

Este resurgir de la violencia se observa tras la declaración de un «conflicto armado interno» en 2024, que logró reducir los homicidios en un 15% respecto a 2023, cuando Ecuador tuvo la tasa de muertes violentas más alta de Latinoamérica, alcanzando casi 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El analista de seguridad Luis de Guzmán considera que la declaración de guerra de Noboa fue «muy útil», dado que la nación enfrentaba una «tendencia creciente de violencia y criminalidad».

El fenómeno del crimen organizado ha cambiado, los homicidios ya no se limitan a enfrentamientos entre bandas criminales, ahora también se registran ataques contra fuerzas de seguridad, instituciones públicas y civiles, lo que ha hecho necesario una respuesta más contundente, afirma De Guzmán.

«Las calles de Ecuador se han convertido en el escenario donde el crimen organizado lleva a cabo sus batallas y actividades ilícitas, generando una guerra urbana en la que el enemigo se disfraza dentro de la sociedad», añade el especialista en seguridad ciudadana.

De Guzmán aboga por mantener esta estrategia de conflicto, aunque subraya que se requiere una mayor inversión en tecnología y armamento para las fuerzas de seguridad, además de un enfoque riguroso en la inteligencia y un fuerte golpe a la estructura financiera de las bandas criminales.

Sin embargo, hay expertos como Michelle Maffei que critican la «hipermilitarización» de las fuerzas de seguridad, advirtiendo que se están descuidando las medidas preventivas que podrían evitar el reclutamiento de jóvenes por las bandas delictivas y el aumento de la violencia.

Maffei señala que detener a los líderes de bandas ha desencadenado luchas internas entre quienes buscan ocupar sus posiciones, dando lugar a grupos más violentos que se separan y buscan control en el mercado del narcotráfico y otras actividades ilegales. Un ejemplo es la puja territorial entre facciones de Los Tiguerones en Nueva Prosperina, Guayaquil, que hace un mes resultó en una masacre de 22 asesinatos.

«Si no se altera esta tendencia, para fines de 2025 podríamos contar con más de cincuenta grupos de delincuencia organizada, en comparación con los veintidós que existían al inicio del ‘conflicto armado interno’. Cuantos más carteles haya, más difícil será revertir este fenómeno», advierte Maffei.

Los especialistas coinciden en que tanto Noboa como González, quien resulte ganador, deberá centrar su atención en reforzar y reformar las instituciones responsables de la seguridad.

Maffei sugiere que el primer paso debería ser depurar las Fuerzas Armadas y la Policía, que, según ella, están «lamentablemente cooptadas», y después reorientar el enfoque militar hacia las fronteras, donde entran las drogas y armamento.

Además, considera esencial reformar la Unidad de Análisis Financiero, para que se asemeje a la Guardia de Finanzas de Italia, y el Centro de Inteligencia Estratégica, que actualmente se percibe como un organismo que hostiga a opositores políticos.

De Guzmán también recomienda fortalecer la administración tributaria y la Superintendencia de Compañías para combatir el lavado de activos vinculado con el crimen. Asimismo, destaca la necesidad de brindar educación, salud de calidad y oportunidades de desarrollo. «Sin estos cambios, seguiremos siendo un Estado que solo mitiga y combate la violencia, pero que está en constante descomposición», concluye.