Detuvieron a tres investigadores del CONICET en la Universidad de Río Cuarto

Un operativo de la Justicia Federal, acompañado de personal armado, resultó en la detención de dos investigadores en la Facultad de Exactas de Río Cuarto. 

El lunes, las autoridades llevaron a cabo las detenciones, que incluyeron a un Magíster en Biotecnología y otro investigador del CONICET, quien no tenía relación directa con la universidad.

La denuncia que condujo a estas acciones fue presentada por una profesional que formaba parte del mismo equipo de investigación. Sin embargo, la situación se complicó aún más con la detención de una tercera investigadora, y se mencionó que hay otros individuos bajo investigación. 

La intervención de la Justicia Federal se produjo tras una denuncia realizada el año anterior, que llevó a que asuntos jurídicos de la universidad y del CONICET se involucraran en el caso. El fiscal Cabanillas y el juez federal Carlos Arturo Ochoa ordenaron las detenciones de los tres investigadores.

En diálogo con Cadena 3, el decano de la facultad, el doctor Germán Barros, expresó que la situación fue dura y calificada como un hecho inédito en la historia de la universidad.

 “Jamás en la universidad había ocurrido semejante operativo”, afirmó Barros. A pesar de que como autoridad deseaba que la situación se esclareciera y que se identificaran a los responsables, el operativo causó una gran conmoción en el ámbito académico.

Doctor German Barros, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de Río Cuarto.

Barros también mencionó la incertidumbre que se vive en la facultad, ya que aún no se conoce el alcance de las investigaciones. “Imagínense que en un ámbito académico, donde la envergadura del operativo realmente llamó muchísimo la atención, y nos ha dejado con un impacto importante”, indicó. 

La rectora de la universidad tuvo que declarar el miércoles, pero hasta el momento no se brindó información oficial sobre la carátula del caso, lo que generó un ambiente de hermetismo en torno a la situación.

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Las acusaciones que trascendieron sugieren que los investigadores podrían utilizar recursos y equipamiento de un laboratorio para fines de lucro privado, lo que implicaría un uso indebido del patrimonio público. 

La situación sigue siendo objeto de atención y seguimiento por parte de la comunidad académica y de la sociedad en general.

Informe de Víctor Rapetti.