La universidad en Chile: altos costos, ayudas limitadas y un sistema en debate

El sistema universitario chileno es un tema central en plena campaña presidencial. Con altos costos de cursado, ayudas estatales limitadas y un financiamiento que solo abarca la duración teórica de cada carrera, miles de estudiantes enfrentan año a año un esquema que dista de la gratuidad universitaria vigente en Argentina.

En Chile tanto las universidades públicas como las privadas son aranceladas, sin gratuidad universal. Los aranceles anuales varían, según el tipo de institución y la carrera, entre 3.000 y 6.000 dólares, con montos más altos para disciplinas científicas, ingeniería y medicina.

La gratuidad solo está disponible para un sector acotado: estudiantes pertenecientes al 60% y 80% de los hogares de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares. Incluso en esos casos, la ayuda solo cubre los años formales que dura la carrera. Si un estudiante se retrasa un ciclo lectivo —o decide cambiar de carrera después de avanzar varios años— debe pagar los períodos adicionales.

Eva, estudiante universitaria, explicó en Cadena 3 que la mayoría de los jóvenes "se endeuda con el Estado o con la propia universidad" y que las cuotas comienzan a devolverse dos años después de concluir los estudios. "Si uno deja la carrera, la deuda queda igual", señaló.

El acceso a un empleo con ingresos suficientes también está condicionado por la educación superior. Quienes solo tienen estudios secundarios, aun cuando la escuela básica y media es gratuita, suelen percibir salarios bajos, lo que refuerza la presión social para obtener un título universitario.

La carga económica no recae solo sobre los estudiantes. Muchas familias comienzan a ahorrar desde la adolescencia de sus hijos anticipando los costos del ingreso a la universidad. "Los padres se endeudan por cada hijo y los hijos muchas veces colaboran para pagar la deuda familiar", describió Eva.

El modelo genera posturas encontradas. Sus defensores argumentan que pagando se garantiza la finalización de los estudios y que existe una estructura de apoyo para quienes realmente no pueden afrontar los costos. Sus críticos sostienen que el sistema profundiza desigualdades, obliga a endeudarse incluso a quienes no concluyen sus carreras y excluye a amplios sectores.

Las protestas masivas de 2006 y 2011 reflejaron ese conflicto, que continúa siendo uno de los temas más sensibles del escenario político chileno. Mientras tanto, el contraste con Argentina —donde la universidad pública es gratuita, abierta y no arancelada— sigue alimentando el debate regional sobre la educación superior y su financiamiento.