Trazabilidad, indispensable para la transparencia

Los recientes casos penales que involucran a asesores legislativos vuelven necesario ir más allá de publicar una nómina de personal. La Legislatura debería informar con precisión quiénes asesoran a cada legislador, qué tareas cumplen, qué antecedentes justifican su designación y quién decidió incorporarlos. Esa trazabilidad permitiría distinguir responsabilidades, evitar sospechas generalizadas y fortalecer la confianza pública.

En nuestro editorial anterior abordamos la injustificada relación entre la precariedad de los vínculos laborales y la liviandad en los procesos de selección de funcionarios del Estado.

En los últimos días, nuestro asombro sigue creciendo con noticias referentes a procedimientos penales por delitos aberrantes que involucran a asesores de un legislador de nuestra provincia. Ello ha traído nuevamente a la consideración pública la información disponible sobre la cantidad de personas que integran las plantillas de personal permanente y no permanente de nuestra Legislatura Unicameral de Córdoba.

El "nuevo" Portal de Datos Abiertos de la Legislatura, en su sección "Administración", publica la nómina de los 362 agentes que integraban la planta permanente al 11 de marzo de 2026 y de los 1.056 integrantes de planta no permanente al 7 de mayo pasado. Si bien los números se muestran abultados para un cuerpo legislativo de 70 integrantes, lo que más preocupa es la justificación de su revista (qué habilidades tienen y qué tareas realizan). Esa es la información que el portal mencionado no precisa.

En el caso del personal de planta no permanente, sobre los llamados "asistentes" solamente se menciona si tienen calidad "legislativa" o "funcional". Si bien puede establecerse alguna vinculación de estos dependientes con los distintos bloques de legisladores, no es posible establecer con precisión quiénes integran la planta de "asesores" de cada legislador y, menos aún, acreditar las habilidades y buenos antecedentes que justifican la ocupación del cargo.

En tiempos en que las comunicaciones digitales fluyen con abundancia, no resulta nada complicado que cada legislador transparente públicamente quiénes son sus asesores, junto al CV de cada uno de ellos y la descripción de las tareas que realizan. Tienen muchos medios disponibles para ello.

Tampoco resulta una petición de compleja satisfacción requerir a los responsables del nuevo Portal de Datos Abiertos de la Legislatura que completen la información expuesta y la ordenen y agrupen según el legislador y el bloque del cual depende cada uno de quienes componen el prolijo listado publicado por orden alfabético. Si se pudiera agregar la identidad de los responsables que determinaron la necesidad del cargo y definieron el perfil de habilidades que resultaban requeridas, estaríamos frente a un cuadro de trazabilidad adecuado y suficiente. Se sabría no solamente cuánto se gasta, sino el porqué y el para qué, con la identidad de quienes asumieron oportunamente la responsabilidad de los requerimientos de cargos y su cobertura.

Es necesario establecer lazos de confianza entre la dirigencia política y sus representados. No es bueno que la falta de suficiente y precisa información tienda mantos de sospechas sobre todo el Poder Legislativo provincial, sobre los 70 legisladores y los más de 1.400 colaboradores dependientes. Seguramente hay buenas y capaces personas que no merecen ser sospechadas de ineptitud o malos antecedentes a raíz de resonantes casos penales que involucran a algunos de sus pares.

La trazabilidad de las decisiones hace a la transparencia, y esta es la base de la confianza. Todo lo que sirva para el conocimiento de los fundamentos de los actos de los funcionarios electos ayudará a formar una imagen de corrección que hoy resulta más que necesaria.

Esta es una sugerencia que seguramente tiene un insignificante costo fiscal, pero un gran beneficio en la salud institucional de nuestra provincia. La devolución está en las manos de nuestros 70 legisladores.