Sin política de adicciones, la guerra al narco es en vano

En términos de mercado hay una simple deducción, invertir en reducir la oferta sin reducir la demanda, provoca la suba del precio de la sustancia prohibida e incentiva la lucha entre los grupos criminales que se la disputan. Poco suma a la solución del problema de fondo, que es la adicción.

Cuando se aborda el tema de políticas vinculadas al narcotráfico, generalmente se describen operaciones y detalles vinculados al combate contra las organizaciones criminales que realizan la oferta prohibida de sustancias adictivas y dañinas para la salud mental de las personas. Pocas veces se exponen acciones destinadas a prevenir y remediar la demanda, factor sostenedor de la existencia de la oferta.

Estamos acostumbrados a ser testigos de los estragos que los demandantes de drogas de oferta prohibida producen en sus propias personas y comunidades, y ser observadores de desperdigadas acciones gubernamentales alistadas para su atención. A la par existen organizaciones del tercer sector, muchas vinculadas con la Iglesia católica y distintos credos religiosos, que llevan adelante un valioso trabajo tendiente a la recuperación de adictos, solventadas con la conjunción del trabajo de voluntariado, de donaciones privadas y de fondos públicos.

Habitualmente estas organizaciones se enfocan en la presencia territorial en áreas urbanas habitadas por sectores carenciados. Estas organizaciones nos señalan que hay caminos efectivos para la recuperación de adictos, con contención afectiva, psicoterapia y acompañamiento.

Nunca hemos oído hablar de planes integrales que comprendan a todos los niveles jurisdiccionales, atiendan el tema en todos los niveles socioeconómicos en toda la extensión del territorio nacional e integren a todos los efectores actuantes, conformando una política de estado sobre la prevención y la atención adecuada que requieren los distintos niveles de vinculación de las personas con los llamados "consumos problemáticos".

Las modificaciones a la ley de Salud Mental (26.657) que el Gobierno nacional ha propuesto recientemente, constituyen un auspicioso avance en la abocación a la temática, proponiendo cambios en la plataforma de legalidad para el abordaje de situaciones críticas, pero no constituye por sí solo la formulación de un plan integral para el tratamiento de la demanda de sustancias adictivas y dañinas para la salud mental de las personas.

Las complejidades que plantea una actividad que tiene penalizada la oferta y despenalizada la demanda, genera una situación muy singular. Mucho se ha discutido sobre la despenalización de la tenencia para el propio consumo. La jurisprudencia dictada por nuestra Corte Suprema de Justicia ha tenido idas y vueltas, con sólidos argumentos técnico-jurídicos válidos tanto para la penalización (fallo Montaldo de 1990), como los posteriormente válidos para la despenalización (fallo Arriola de 2009), en relación con las disposiciones del art. 14 de la ley 23.737.

Asistimos a contradicciones de buenas y malas consecuencias con respecto a la despenalización. Es bueno que el adicto sea considerado sujeto de atención de los sistemas de salud y no un delincuente, y por ello conviene no estigmatizarlo, pese a los daños que el mismo infringe a la sociedad al articular regularmente con organizaciones criminales para proveerse de las sustancias de oferta prohibida.

Es malo que la despenalización de la tenencia para consumo personal se haya convertido en la cobertura de protección legal para quienes actúan en la promoción del consumo ("la primera dosis va de regalo") y la distribución y entrega de compras al menudeo. Al esgrimir que la dosis portante tiene como destino el propio consumo, el detenido es liberado por cuanto la justicia no puede iniciar acción alguna contra él, así se reiteren en el tiempo iguales episodios. Si no hay delito, no se deben registrar antecedentes que estigmaticen.

Lo expuesto amerita una revisión de la jurisprudencia, por cuanto el empoderamiento de las organizaciones criminales que operan la oferta, y el acrecentamiento de las consecuencias diluyentes de la trama social que su accionar provoca, nos han llevado a un escenario totalmente distinto al del año 2009. Debe aparecer en esta revisión el concepto de equidad, que permita que no se trate de manera igual a los desiguales. Es necesario poder distinguir los distintos niveles de responsabilidad objetiva que detenta cada portador y en sus distintas circunstancias.

No todos los portadores de pequeñas cantidades son iguales, y por ende, no es justo (por inequitativo), tratarlos como iguales. Hay portadores que esgrimen y pueden probar que utilizan la sustancia con fines recreativos, y por ello deberían ser acabadamente instruidos sobre los severos riesgos que los acechan y la gravedad de los daños que infringen a la sociedad las organizaciones a los que ellos sustentan con su consumo.

Hay portadores claramente adictos que merecen atención psicoterapéutica y contención. Hay portadores que son promotores y distribuidores de las sustancias y por ende integran las organizaciones criminales y deben ser penalizados. Debemos salvar la privacidad y todos los derechos humanos consagrados, pero ponderando con sabiduría el interés general sobre el particular. Complejo problema para nuestros juristas y nuestros legisladores.

Asistimos también a una creciente banalización del consumo de sustancias adictivas, tanto legales (caso del alcohol) como de las ilegales, junto con la profusa y protegida promoción de las apuestas ''online''. Estamos frente a una demanda de sustancias y acciones adictivas no solamente no atendida, sino con promoción protegida.

Las adicciones destruyen al individuo y, por ende, a las comunidades. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto?

Urge la reacción social de requerimiento hacia la dirigencia en todos sus planos y niveles, principalmente a la dirigencia política. Debe formularse un sistema de atención integral de las adicciones, con sólidos fundamentos legales, dotado de los recursos suficientes y con capacidad para articular con eficacia desde los distintos niveles jurisdiccionales del Estado las acciones de quienes trabajen en la prevención y en la remediación de las adicciones.

Es necesario coordinar acciones desde la salud pública con los prestadores de salud privada, con el sistema de obras sociales, con todo el sistema educativo, con la comunicación masiva, con los responsables de la seguridad, con la justicia y con todos los ámbitos sociales, incluyendo las organizaciones que responden a los distintos credos religiosos, las empresas, los gremios, y las asociaciones deportivas y de distintos tipos y propósitos.

Es imprescindible iniciar prontamente campañas de difusión masiva que alerten sobre el daño que todas las adicciones nos provocan, batallando contra la banalización y su impune promoción. Es necesario exponer la existencia de los pocos recursos disponibles para la atención de los afectados. Hay que tomar conciencia que estamos frente a un serio problema, en el que se juega la continuidad de la sociedad como medio propicio para el desarrollo de la vida en plenitud.

En el ámbito del gobierno municipal de la ciudad de Córdoba se encuentra operando el COPIPRED (Consejo Municipal de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos), un ensayo auspicioso de vinculación y coordinación de distintos actores del sector público y del sector privado comprometidos con la prevención y remediación de las adicciones.

Una buena idea corporizada que amerita la atención y colaboración de todos los niveles dirigenciales de nuestra sociedad que estén decididos a trabajar con el convencimiento de que achicar la demanda es tanto o más importante que pretender eliminar la oferta, cuando de narcotráfico se trata.