Cuidar las relaciones con otros países es una obligación constitucional

La Constitución obliga al Gobierno federal a afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, y esa obligación no se estaría cumpliendo. En julio de 2025, en la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires, el presidente de Brasil desairó al presidente argentino descartando reunirse con él y visitó en su prisión domiciliaria a la expresidenta; un año después, el presidente Javier Milei participó en Brasil de un acto partidario en apoyo de una candidatura opositora y lanzó insultos contra su par. Son intromisiones en los asuntos internos de países vecinos que ponen en riesgo el vínculo bilateral: en lugar de resolver nuestros problemas internos, los proyectamos hacia afuera, sumándonos a un juego en el que nunca conviene participar.

Afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras

Venimos asistiendo a hechos protagonizados por presidentes de nuestra región, que constituyen una intromisión en los asuntos que incumben a cuestiones políticas e institucionales internas de los países vecinos.

En el mes de julio de 2025, en ocasión de celebrarse la Cumbre del Mercosur, estuvo presente en la Ciudad de Buenos Aires el presidente de Brasil, Lula da Silva. En tal ocasión,

descartó la reunión bilateral con su par argentino Javier Milei y, con la debida autorización de la Justicia, realizó una larga visita al domicilio donde cumple prisión la expresidenta Cristina Elisabet Fernández.

Un año después, nuestro presidente, Javier Milei, participó en territorio brasileño de un acto político partidario en el que manifestó su identificación con una candidatura opositora en particular, y expresó altisonantes descalificaciones e insultos contra el actual presidente de Brasil, quien en los próximos meses competirá en pretensión de su reelección.

Es imposible no suponer que estas acciones ponen en riesgo las buenas relaciones entre Brasil y Argentina.

No conocemos los preceptos constitucionales de nuestro vecino, pero sí conocemos el art. 27 de nuestra Constitución Nacional, que dice: "El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén de conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución".

Por haber incorporado a nuestra Constitución la Declaración Universal de Derechos Humanos y el llamado Pacto de San José de Costa Rica, es posible concluir que, salvo que exista una evidente violación de los derechos humanos (casos de Cuba y Venezuela, por ejemplo), no se justifican actos y declaraciones que pongan en riesgo las buenas relaciones con un país extranjero pronunciando palabras y realizando gestos críticos hacia sus autoridades e instituciones en sus propio territorio.

El transcurrir digno de la vida de las personas exige paz como condición básica. Lo afirmó oportunamente y en los albores de nuestra organización nacional el Dr. Juan Bautista Alberdi en su libro "El crimen de la guerra".

Los argentinos ya tenemos el problema del antagonismo confrontativo interno que dificulta la construcción de los consensos. Consensos que son indispensables para las decisiones necesarias para la superación de nuestras recurrentes crisis y decadencia social y económica.

En vez de trabajar para solucionar un grave problema interno, estamos trabajando para su proyección a la relación con los países vecinos, sumándonos a un juego en el que nunca será bueno participar. No es correcto responder a lo incorrecto con lo incorrecto.

La letra y el espíritu de nuestra Constitución no son simples enunciados de buenas intenciones colectivas. Son normas que imponen obligaciones certeras.

El art. 27 de nuestra Constitución dice que el Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras. Esta obligación no se estaría cumpliendo.