PASO optativas: la política busca quién le resuelva la interna

La campaña para las elecciones de 2027 comenzó mucho antes de que aparezcan las candidaturas definitivas. Javier Milei y Mauricio Macri mueven sus piezas en un sector, mientras Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner discuten el futuro del peronismo. La política ya piensa en las urnas; buena parte de la sociedad, todavía en cómo llegar a fin de mes.

En ese escenario aparece la discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No se trata solamente de una cuestión institucional. La definición del sistema electoral puede beneficiar o perjudicar a cada fuerza según su grado de unidad, la cantidad de candidatos y su capacidad para movilizar votantes.

El Gobierno de Milei envió al Congreso una reforma electoral que propone eliminar definitivamente las PASO. Su argumento es conocido: las internas pertenecen a los partidos y no deberían ser financiadas por todos los contribuyentes. La Casa Rosada sostuvo, además, que las primarias nacionales de 2023 costaron $45.000 millones y no resolvieron ninguna competencia relevante. Presidencia de la Nación

Pero el oficialismo no dispone por sí solo de las mayorías necesarias. Por eso comenzó una negociación con radicales, dirigentes del PRO, fuerzas provinciales, gobernadores y sectores del peronismo.

Una de las alternativas fue presentada por el senador radical correntino Eduardo Vischi —no por un diputado—. Su proyecto conserva las primarias, pero elimina la obligación de votar para los ciudadanos. También permite que las agrupaciones sin competencia interna no participen y establece un piso de participación equivalente al 10% del padrón para realizar la elección. La propuesta abre más preguntas de las que responde.

Si el voto es voluntario, ¿cuántos ciudadanos participarían de una elección destinada a ordenar las candidaturas de partidos con los que no se identifican? Es probable que concurran principalmente afiliados, militantes y votantes con una fuerte identidad política. En ese caso, la primaria seguiría siendo abierta en términos legales, pero podría convertirse, en los hechos, en una competencia dominada por los aparatos partidarios.

El resultado tendría una legitimidad diferente. Una participación elevada demostraría que la sociedad considera valioso intervenir en la selección de candidatos. Una concurrencia escasa, en cambio, reforzaría el argumento de quienes sostienen que las internas deben ser resueltas y financiadas por cada agrupación.

También permanece la discusión económica. Aunque los ciudadanos dejen de estar obligados a votar, el Estado deberá organizar los comicios, disponer de escuelas, autoridades de mesa, seguridad, logística y escrutinio. Quitar la obligatoriedad no elimina por sí mismo el costo de las PASO.

Sus defensores señalan que el mecanismo permite ordenar la oferta electoral, reducir la dispersión de candidaturas y resolver las diferencias dentro de una coalición. Además, obliga a que todos compitan bajo reglas comunes y evita que las conducciones partidarias elijan a sus postulantes entre pocos dirigentes.

Para el peronismo, conservar las PASO podría resultar especialmente útil ante una eventual disputa entre el kirchnerismo, Kicillof, Massa y los gobernadores. Para el oficialismo, eliminarlas podría obligar a la oposición a resolver esas diferencias antes de llegar a las urnas o empujarla a competir fragmentada. Allí aparece el trasfondo de la reforma: cada fuerza defiende el sistema que mejor se adapta a su estrategia.

Las PASO no eligen autoridades, sino candidatos. Sin embargo, tampoco son una simple encuesta: quien pierde dentro de una agrupación queda impedido de presentarse por fuera con otra lista en esa misma elección. Esa regla ayuda a unificar coaliciones, aunque también traslada a toda la sociedad una disputa que muchas veces pertenece a las estructuras partidarias.

La Argentina necesita determinar qué espera de sus primarias. Si son una herramienta pública para ordenar la competencia política, deben contar con participación suficiente, reglas claras y una justificación democrática. Si son apenas internas partidarias financiadas por el Estado, el cuestionamiento ciudadano resulta inevitable.

Convertirlas en optativas puede ser una salida para reunir votos en el Congreso, pero no necesariamente una solución institucional. Corre el riesgo de conservar el gasto, reducir la participación y entregar mayor influencia a los sectores más movilizados.