Religión y política: el gobierno estrecha lazos con la iglesia evangélica

Hay un fenómeno que me parece importante observar en la Argentina: la relación cada vez más estrecha entre la política y las organizaciones religiosas, particularmente las iglesias evangélicas. El Gobierno de Javier Milei está dando señales claras de acercamiento a ese universo, en un momento muy particular: la inminente llegada del papa León XIV al país. Yo no creo que se trate de movimientos aislados ni de simples gestos protocolares. Hay una estrategia política que merece ser analizada.

El crecimiento de las iglesias evangélicas en la Argentina es uno de los datos más significativos de las últimas décadas. Distintos estudios, entre ellos investigaciones recientes de especialistas del CONICET, muestran que la población que se identifica con esa religión pasó de representar alrededor del 5% a comienzos de este siglo a superar el 15% en los registros más recientes. Algunas estimaciones incluso elevan esa proporción al 18%. Estamos hablando de casi uno de cada cinco argentinos. Es un cambio profundo en el mapa religioso del país y, naturalmente, también tiene consecuencias políticas.

Ese crecimiento es todavía más visible en algunas regiones. En la Patagonia, por ejemplo, la proporción de personas que se identifican como evangélicas supera el promedio nacional y se acerca al 25%. Por eso no me sorprende que el Presidente haya viajado a Neuquén para participar de la inauguración de un enorme templo evangélico, de más de 6.000 metros cuadrados, vinculado al pastor Márquez, cuya hija ocupa una banca en el Senado nacional. La dimensión del edificio y la presencia presidencial revelan que estas organizaciones dejaron de ser actores marginales para convertirse en interlocutores relevantes de la política.

Lo que ocurre en la Argentina forma parte de una transformación más amplia en América Latina. Desde México hasta Chile, y especialmente en países como Brasil y Colombia, las iglesias evangélicas han ganado presencia en la discusión pública y en la competencia electoral. En Estados Unidos, la influencia de los sectores religiosos conservadores sobre la política es todavía más conocida. Pero hay una particularidad argentina que conviene tener en cuenta: el mundo evangélico no constituye una estructura unificada. Es un conjunto de organizaciones, congregaciones y redes descentralizadas, con diferentes liderazgos y posiciones. Por eso, para cualquier gobierno que busque acercarse a ese universo, resulta importante establecer vínculos con sus distintas expresiones.

En ese contexto hay que entender la reunión de Milei con representantes de ACIERA, una de las organizaciones más conocidas del ámbito evangélico, y los encuentros que también mantuvo Karina Milei con referentes de otros sectores. Yo interpreto estos movimientos como parte de una política de acercamiento más amplia. El Gobierno busca construir relaciones con una comunidad religiosa que tiene presencia territorial, capacidad de organización y llegada a sectores sociales donde el Estado muchas veces encuentra dificultades para desplegar sus políticas. No se trata solamente de sumar adhesiones: se trata también de establecer canales de interlocución y construir una red de vínculos.

Ahora bien, el momento elegido no es irrelevante. Todo esto ocurre antes de la llegada del papa León XIV, una visita que tendrá una enorme dimensión religiosa, institucional y política. El Gobierno está preparando un operativo de seguridad importante, como corresponde para recibir a un líder religioso que además es jefe de Estado. También busca evitar que la visita sea utilizada partidariamente. En ese sentido, me parece significativo que se haya invitado formalmente a Victoria Villarruel a participar de un acto oficial en el Palacio Libertad, junto con otras autoridades y expresidentes. La presencia del Papa exige bajar el nivel de confrontación interna y ofrecer una imagen institucional.

Pero hay una contradicción que no conviene ignorar. Desde el comienzo de la gestión, la relación de Milei con las autoridades formales de la Iglesia Católica argentina ha sido compleja. Existen diferencias vinculadas con la situación de los sectores más vulnerables, la política social, la educación y el papel del Estado. La Iglesia Católica tiene una presencia histórica en el trabajo territorial y en la asistencia a los más pobres, y sus posiciones sobre las consecuencias del ajuste económico no siempre coinciden con las del Gobierno. No obstante, también hay espacios de diálogo y vínculos institucionales que sería equivocado desconocer.

En materia social, por ejemplo, hay una realidad que merece ser reconocida. La ministra Sandra Pettovello mantiene relaciones con distintas organizaciones religiosas y ha impulsado políticas de asistencia focalizadas en los sectores más vulnerables. La Asignación Universal por Hijo, según los datos mencionados en el debate público, recuperó poder adquisitivo y llega directamente a sus beneficiarios, sin intermediarios. Yo creo que es importante distinguir las diferencias políticas e ideológicas de la necesidad de sostener políticas sociales que efectivamente alcancen a quienes más las necesitan. El trabajo de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, puede complementar esa tarea, aunque nunca debería reemplazar las responsabilidades del Estado.

Hay también una dimensión estrictamente política que se expresa en el Congreso. La senadora neuquina vinculada al pastor Márquez apareció en las discusiones por la conducción de la Comisión de Acuerdos del Senado, un espacio de enorme importancia para el funcionamiento institucional. La posibilidad de que Carolina Milei impulsara su designación generó resistencias de Patricia Bullrich. Este episodio muestra que los vínculos religiosos también se cruzan con las disputas por el poder, los cargos y la organización parlamentaria. No alcanza con hablar de afinidades espirituales: estamos frente a actores que participan de una estructura política concreta.

A mi entender, uno de los objetivos del oficialismo puede estar relacionado con un eventual segundo mandato de Milei. El Gobierno parece interesado en utilizar la capilaridad territorial de las iglesias evangélicas para llegar a sectores populares, fortalecer su presencia comunitaria y ampliar sus redes de contacto. Estas organizaciones tienen templos, referentes locales, actividades sociales y una relación cotidiana con muchas familias. Para un proyecto político que busca consolidarse, esa estructura representa un recurso importante. La pregunta es hasta dónde puede avanzar esa articulación sin desdibujar los límites entre la acción estatal y la actividad religiosa.

Y acá aparece una discusión de fondo. Hay quienes sostienen que el Estado debería aprovechar la capacidad de las iglesias para llegar a lugares donde sus propias estructuras no alcanzan. Desde esa perspectiva, sería absurdo desconocer el trabajo que realizan organizaciones religiosas en materia de asistencia, contención y acompañamiento comunitario. Pero también existe una posición más estricta, que advierte sobre los riesgos de delegar funciones públicas en instituciones religiosas. Yo entiendo los dos argumentos. Las iglesias pueden colaborar, pero la responsabilidad de garantizar derechos, inclusión, educación y seguridad sigue siendo del Estado.

Por eso me parece fundamental preservar una distinción: una cosa es la cooperación entre instituciones públicas y organizaciones religiosas, y otra muy distinta es que el Estado utilice esas estructuras como instrumentos de construcción partidaria. La Constitución establece un marco para la relación entre el poder público y las confesiones religiosas, y ese marco debe ser respetado. La colaboración social no puede convertirse en una forma de subordinación institucional ni en un mecanismo para distribuir recursos de acuerdo con afinidades políticas o religiosas. La pluralidad de creencias exige que el Estado mantenga una posición de respeto y garantías para todos.

También creo que la Iglesia Católica observará con atención estos movimientos. La llegada del Papa puede abrir una oportunidad para recomponer vínculos con el Gobierno, pero el acercamiento simultáneo de Milei a las iglesias evangélicas no pasa inadvertido. No necesariamente tiene que derivar en un enfrentamiento entre confesiones, porque el diálogo interreligioso es una realidad y una necesidad. Sin embargo, el crecimiento evangélico modifica el equilibrio histórico del campo religioso argentino y obliga a todos los actores políticos a tomar nota de esa transformación.

Termino con una reflexión: la religión y la política siempre tuvieron puntos de contacto en la Argentina, pero hoy ese vínculo está cambiando. El Gobierno de Milei parece haber identificado en las iglesias evangélicas un actor con capacidad territorial, influencia social y potencial electoral. Al mismo tiempo, necesita administrar su relación con la Iglesia Católica y garantizar que la visita del papa León XIV sea un acontecimiento institucional y religioso, no una herramienta de disputa partidaria. Yo creo que el desafío consiste en evitar que la cooperación social se transforme en utilización política de las creencias. Las iglesias pueden cumplir un papel valioso en la vida comunitaria, pero el Estado debe seguir siendo responsable de garantizar derechos para todos los ciudadanos, crean o no, y cualquiera sea la religión que profesen.