Glaciares: un triunfo para el gobierno, una importante novedad para inversiones

El Gobierno logró lo que necesitaba: un triunfo legislativo en un momento de debilidad. No era un escenario sencillo. Con una imagen golpeada por la situación económica y por distintos escándalos, sostener el foco en una ley compleja como la de glaciares requería disciplina política y capacidad de negociación. Y eso, hay que decirlo, lo consiguió.

Hubo un trabajo intenso con gobernadores, acuerdos, concesiones y el uso de herramientas como los adelantos de coparticipación para asegurar votos. Nada demasiado novedoso en la lógica de la política argentina, aunque sí llamativo para una administración que había hecho de la “motosierra” sobre las transferencias a provincias una bandera. La pregunta es inevitable: cuando se abre esa puerta, ¿dónde está el límite?

Ahora bien, este resultado no cambia lo central. No mejora la percepción pública del Gobierno ni altera las causas judiciales que siguen su curso. El caso de Manuel Adorni, por ejemplo, no se resuelve con una votación en el Congreso. La política puede ordenar la coyuntura, pero no borra los problemas de fondo.

Tampoco hay que sobredimensionar el impacto económico inmediato. La modificación de la ley de glaciares puede ser un paso importante para el desarrollo minero, pero no garantiza por sí sola una ola de inversiones. Las empresas miran más que una norma: observan la estabilidad política, la previsibilidad y, sobre todo, el horizonte electoral.

Y ahí aparece el verdadero condicionante. La posibilidad de un cambio de rumbo en 2027 empieza a pesar en las decisiones de largo plazo. La incertidumbre política, otra vez, actúa como freno. No alcanza con ventajas comparativas ni con recursos naturales: sin reglas estables en el tiempo, las inversiones dudan.

Dicho esto, el potencial es innegable. La Argentina llega tarde a la minería, pero llega en un momento clave, en plena transición energética global. El cobre, el litio y otros minerales estratégicos pueden convertirse en motores de desarrollo para provincias históricamente postergadas. Es una oportunidad real, aunque no automática.

El desafío, entonces, es doble. Por un lado, aprovechar ese potencial con reglas claras y controles ambientales serios. Por otro, evitar que los avances legislativos queden atrapados en la volatilidad política. Porque un triunfo en el Congreso puede dar aire en el corto plazo, pero no alcanza para despejar las dudas que hoy condicionan el futuro.