¿Es la inflación un problema político o de la política?

como sostiene el Gobierno, o si existen fallas en el propio diseño del plan económico. El presidente Javier Milei fue contundente al atribuir el rebote inflacionario a factores internacionales y a una supuesta maniobra política, pero esa explicación deja más preguntas que respuestas.

Porque si la inflación responde únicamente a shocks externos o a tensiones políticas, el camino sería claro: despejados esos factores, la baja debería acelerarse. Sin embargo, la dinámica argentina muestra algo más complejo. La dolarización de carteras en contextos electorales no es una anomalía, es una constante histórica. Ignorar ese comportamiento al diseñar el programa económico implica, como mínimo, un error de diagnóstico.

A eso se suman dos elementos estructurales que el Gobierno parece subestimar: la inercia inflacionaria y la corrección de precios relativos. En una economía donde contratos, tarifas y costos están indexados, la desaceleración no puede ser inmediata. Y si, además, el propio oficialismo opta por un esquema gradualista en la actualización de precios clave, resulta difícil sostener promesas de una caída abrupta de la inflación.

El riesgo, entonces, no es sólo técnico sino también político. Sin autocrítica ni ajustes en el rumbo, el relato oficial puede perder credibilidad. Más aún cuando se recurre a explicaciones que desplazan la responsabilidad hacia afuera sin aportar evidencia concreta. Si existiera una maniobra desestabilizadora, corresponde denunciarla. De lo contrario, el debate debe centrarse en la eficacia real del plan.

La experiencia argentina es clara: promesas económicas que no se cumplen terminan erosionando la confianza. Y en un país donde la inflación es un fenómeno persistente, no alcanza con voluntad ni con narrativa. Hace falta un diagnóstico preciso y decisiones consistentes. Sin eso, el riesgo no es sólo que la inflación no baje: es que vuelva a convertirse en el principal problema político del Gobierno.