El Gobierno prioriza la reelección: consecuencias económicas y políticas

Cada vez me convenzo más de que este gobierno tomó una decisión estratégica muy clara: priorizar la reelección por encima de la profundidad de las reformas. No lo digo como una crítica automática ni como un elogio. Lo digo como una descripción de una lógica política que, si uno observa con detenimiento, atraviesa prácticamente todas las decisiones importantes de la administración de Javier Milei.

Todo proyecto transformador necesita tiempo. Eso ocurrió con los grandes procesos políticos de Argentina y también con experiencias similares en otros países. Nadie cambia estructuras económicas, sociales e institucionales en apenas cuatro años. Por eso resulta natural que La Libertad Avanza piense desde ahora en un segundo mandato. La continuidad forma parte de cualquier proyecto que pretende modificar las reglas de juego.

El problema aparece cuando esa necesidad de continuidad empieza a condicionar las decisiones del presente. Allí es donde advierto una diferencia importante entre la retórica revolucionaria que caracterizó al oficialismo durante la campaña y el pragmatismo que terminó imponiéndose una vez llegado al gobierno.

Si uno analiza las reformas estructurales prometidas, encuentra un avance mucho más limitado del que sugería el discurso original. Hubo desregulaciones, algunas modificaciones laborales y cambios administrativos, pero las grandes reformas que durante meses ocuparon el centro del debate —la tributaria, la previsional o una transformación integral del Estado— siguen esperando.

No creo que eso sea casualidad. Por el contrario, entiendo que responde a un cálculo político bastante racional. Toda reforma profunda genera costos inmediatos y beneficios que suelen aparecer más adelante. Cuando el objetivo principal pasa a ser ganar una elección, muchas veces esos costos dejan de resultar políticamente convenientes.

En el terreno económico también observo ese mismo fenómeno. El Gobierno parece haber elegido administrar la coyuntura con una fuerte dosis de discrecionalidad mientras posterga la construcción de reglas permanentes. Durante mucho tiempo el mercado reclamó mayor previsibilidad respecto del programa financiero, del manejo cambiario y de la estrategia de financiamiento. Recién ahora comienzan a aparecer señales más claras.

La previsibilidad no es un capricho de los economistas. Es uno de los activos más importantes para cualquier país que pretende atraer inversiones y recuperar credibilidad. Los mercados pueden aceptar decisiones difíciles, pero necesitan conocer las reglas del juego. La incertidumbre permanente termina teniendo un costo que Argentina conoce demasiado bien.

Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta un desafío complejo. Necesita sostener la recuperación económica sin perder competitividad cambiaria y evitando que aumente la dolarización de carteras en un año atravesado por expectativas electorales. Es un equilibrio delicado que obliga a administrar múltiples variables al mismo tiempo.

Pero donde encuentro la mayor preocupación es en el terreno institucional. Empiezo a observar señales de una creciente disposición a modificar reglas políticas con el objetivo de mejorar las posibilidades electorales del oficialismo. Y allí aparece un límite que, a mi juicio, ningún gobierno debería cruzar.

Siempre sostuve exactamente lo mismo, independientemente del signo político de quien gobierne. Cambiar las reglas electorales para obtener ventajas circunstanciales constituye uno de los peores hábitos de la política argentina. Lo hizo el peronismo en distintos momentos, también lo intentaron otros gobiernos y ahora observo conductas similares en una administración que llegó prometiendo terminar con esas prácticas.

La calidad institucional no puede depender de quién ocupe la Casa Rosada. Si una medida nos parecía incorrecta cuando la impulsaba un gobierno anterior, también debe parecernos incorrecta cuando beneficia al oficialismo actual. Las instituciones solo funcionan cuando las reglas valen para todos.

Muchas veces escucho justificar estas decisiones apelando al miedo de un eventual regreso del populismo o a la necesidad de garantizar la continuidad del programa económico. Comprendo esos argumentos, pero justamente las democracias maduras se construyen respetando procedimientos incluso cuando esos procedimientos pueden dificultar los objetivos políticos del momento.

La historia argentina demuestra que cada excepción termina convirtiéndose en un precedente. Lo que hoy se hace para favorecer a un gobierno mañana será utilizado por otro con idéntica lógica. Por eso las reglas deben pensarse para el largo plazo y no para resolver una elección.

Creo que ese será uno de los grandes debates de los próximos años. La reelección es un objetivo legítimo para cualquier fuerza política. Lo que no puede transformarse en una excusa para relativizar la importancia de las instituciones. Porque cuando el poder comienza a modificar las reglas para asegurar su continuidad, el problema deja de ser electoral y pasa a ser democrático.