El Gobierno español impugna el estatus BIC del monumento a Franco en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Gobierno de España, a través de la Delegación de Gobierno en Canarias, ha formalizado alegaciones ante la Dirección Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife contra la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento a Franco situado en Santa Cruz de Tenerife.

Entre las razones presentadas, el Ejecutivo argumenta que el expediente administrativo carece de un informe que evidencie el carácter excepcional y sobresaliente de la obra de Juan de Ávalos.

Estas condiciones son imprescindibles según la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias para considerar un bien como BIC, como afirma un comunicado del Gobierno, que sostiene que otorgar dicha categoría a un objeto que no cumple estos requisitos desnaturaliza su significatividad.

Adicionalmente, el Gobierno de España menciona que las instituciones académicas consultadas respaldan la afirmación de que no presenta características artísticas relevantes.

La Universidad de La Laguna dictaminó que artísticamente la obra tiene “escasa importancia” y que la obra de Juan de Ávalos es citada principalmente en relación al Valle de los Caídos; además, en la literatura especializada, no se le reconoce ninguna contribución artística significativa. Esta falta de relevancia se traduce en que su “presencia en colecciones o exposiciones de museos es nula”.

Por su parte, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife emitió un informe desfavorable en el que concluyó que “no hay razones artísticas o arquitectónicas que estén protegidas por la ley, y tales razones no están adecuadamente reflejadas en la bibliografía académica consultada”.

El Colegio Oficial de Arquitectos, en su informe, no ofrece valoraciones artísticas y sugiere un concurso de resignificación.

En este marco, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha expresado que el monumento “constituye un elemento adverso a la memoria democrática”, conforme al artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y que “objetivamente, según la ley, es imposible la resignificación o reinterpretación de dicho monumento”.

Esto implica que su resignificación o mantenimiento es incompatible con la ley, sostiene el Gobierno.

Asimismo, destaca que la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel no menciona su valor artístico excepcional, aunque reconoce que su monumentalidad le otorga una “singularidad artística y estética a la ciudad”.

Sin embargo, desde el área de Memoria Democrática se argumenta que “la monumentalidad no puede ser entendida como un valor intrínseco de excepcionalidad”.

La única entidad que se ha manifestado a favor de la declaración como BIC ha sido la Real Academia de Extremadura de las Letras y Las Artes, que tampoco menciona ninguna excepcionalidad artística, sino que menciona “la calidad de la obra, por su relevancia en el contexto del escultor, y por ser un testimonio elocuente de un periodo histórico-artístico”.

No obstante, el Gobierno también resalta que esta academia afirma que el monumento es “un ejemplo de cómo el arte sirvió al régimen en esos tiempos”. EFE