Trump impone aranceles del 50% a importaciones canadienses y desata incertidumbre legal

WASHINGTON — En un nuevo capítulo de la guerra comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recurrido a una ley de hace 96 años, cuya existencia era desconocida para muchos abogados especializados en comercio. La Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 ha sido utilizada por primera vez para imponer un gravamen del 50% sobre importaciones canadienses que suman 20.000 millones de dólares. Esta decisión ha provocado represalias inmediatas por parte de Ottawa y ha tensado aún más las relaciones entre ambos países, que son aliados históricos.

La invocación de esta ley es inusual, ya que la autoridad presidencial para establecer aranceles bajo la Sección 338 nunca ha sido probada en los tribunales. Según Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario del comercio estadounidense, "esta ley es, literalmente, un lienzo en blanco porque nunca se ha litigado". Esto plantea dudas sobre la viabilidad legal de los aranceles impuestos por Trump y si podrían ser anulados en una eventual impugnación.

El uso de la Sección 338 se justifica en el contexto de sanciones a Canadá por supuestas discriminaciones en el comercio de productos lácteos, automóviles y bebidas alcohólicas. Esta ley, también conocida como la Ley Smoot-Hawley, fue promulgada durante la Gran Depresión y ha sido criticada por haber paralizado el comercio internacional en aquel entonces. Trump, que se autodenomina "Tariff Man", sostiene que los aranceles de esa época llegaron demasiado tarde para salvar la economía estadounidense.

Con el tiempo, otras legislaciones han limitado la autoridad presidencial en materia arancelaria, exigiendo que se cumplan ciertas condiciones antes de aplicar gravámenes. La pregunta que surge es si la Sección 338 ha quedado obsoleta en el contexto actual de políticas comerciales más modernas. Sara Albrecht, directora ejecutiva del Liberty Justice Center, argumenta que el Congreso ha establecido leyes posteriores que limitan el uso de la Sección 338 y que, si se deseaba conservar su autoridad, no se deberían haber aprobado otras leyes que otorgan al presidente más control en situaciones específicas.

Además, expertos legales como Peter Harrell y Jennifer Hillman sugieren que los aranceles impuestos no cumplen con los requisitos de compensación por los daños causados a las empresas estadounidenses. Esto se debe a que el gobierno de Trump no ha intentado calcular el perjuicio económico derivado de las prácticas canadienses. De hecho, las restricciones canadienses no afectan exclusivamente a los agricultores estadounidenses, sino que se aplican a otros socios comerciales también.

Por el momento, no se ha presentado ninguna demanda para impugnar los aranceles de la Sección 338, y el Liberty Justice Center ha tenido dificultades para encontrar demandantes dispuestos a desafiar al gobierno. Albrecht señala que los aranceles son relativamente bajos, alcanzando apenas el 5% de las importaciones canadienses, lo que limita el número de empresas que podrían verse perjudicadas y que estarían dispuestas a presentar una queja legal.

En este contexto, la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá sigue latente, y muchos esperan que ambas partes encuentren una solución antes de que la situación se agrave aún más.