Tensión por Malvinas: el Reino Unido calificó de "inaceptables" las sanciones argentinas a empresas

El Reino Unido ratificó su posición sobre las actividades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y cuestionó las medidas impulsadas por Argentina contra empresas y personas vinculadas con el archipiélago.

La declaración fue realizada este viernes por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” los cargos contra compañías e individuos que suministran bienes y servicios a las islas, incluso en el sector de hidrocarburos.

Kumaran sostuvo además que el gobierno británico y su red diplomática respaldan a las empresas y personas alcanzadas por las medidas argentinas. La funcionaria reiteró, al mismo tiempo, la posición de Londres respecto de la soberanía del archipiélago y el derecho que, según el Reino Unido, tienen sus habitantes a desarrollar sus recursos naturales.

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La respuesta británica a las medidas argentinas

La declaración de Londres se produjo después de una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno argentino en relación con empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

En septiembre, Argentina inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas que el Gobierno considera no autorizadas. El Ejecutivo amplió posteriormente esos procedimientos a otros 15 sujetos, que se sumaron a los 45 alcanzados por una primera medida.

La Cancillería argentina sostiene que su legislación se aplica a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en áreas que el país considera bajo su soberanía y que las empresas involucradas pueden quedar alcanzadas por las normas vigentes.

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La disputa por la actividad petrolera

El proyecto Sea Lion es uno de los principales puntos de tensión actual entre ambos países. La iniciativa está vinculada con Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, compañías que avanzan con un proyecto de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se desarrollan sin autorización nacional y que constituyen una explotación de recursos en territorios y espacios marítimos cuya soberanía reclama.

La Cancillería rechazó el 15 de septiembre una guía publicada por el Gobierno británico para empresas que realizan negocios con las Islas Malvinas. Argentina calificó ese documento como una promoción de actividades comerciales e hidrocarburíferas que considera ilegítimas.

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Londres ratificó su postura

En su declaración de este viernes, Kumaran afirmó que el Reino Unido considera que las Islas Malvinas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales.

También sostuvo que no es la primera vez que un gobierno argentino adopta medidas económicas contra actividades vinculadas con las islas y afirmó que la economía del archipiélago continúa desarrollándose.

“Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, expresó la funcionaria británica.

El Gobierno británico también señaló que existen oportunidades comerciales en las islas y aseguró que trabajará con las autoridades del archipiélago para respaldar sus intereses.

La posición argentina

Argentina, por su parte, reafirma que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes forman parte de su territorio nacional, una posición establecida en la Constitución Nacional y sostenida por la Cancillería.

Tras la publicación de la guía británica, la Cancillería expresó su rechazo y sostuvo que ninguna decisión comercial privada ni guía de un gobierno extranjero puede prevalecer sobre la legislación argentina y el derecho internacional.

En paralelo, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar las herramientas legales frente a actividades que el Ejecutivo considera una explotación ilegítima de recursos naturales. La iniciativa fue presentada oficialmente el 17 de septiembre.

La escalada se suma a otras medidas adoptadas durante septiembre, entre ellas el Decreto 868/2026, que incorporó nuevos requisitos para acceder a determinados beneficios y permisos vinculados con actividades hidrocarburíferas, y la creación de un sistema para coordinar la política exterior en asuntos que puedan afectar los intereses internacionales de Argentina.

La disputa por la soberanía continúa así acompañada por un nuevo capítulo de tensión económica y jurídica alrededor de la explotación de recursos naturales en las aguas y territorios cuya soberanía reclaman ambos países.