Investigación a expríncipe Andrés y Mandelson por vínculos con Jeffrey Epstein

LONDRES — El expríncipe Andrés y Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Washington, fueron arrestados recientemente en relación con sus conexiones con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ambos están siendo investigados por el mismo delito: mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Aún no se han presentado cargos formales contra ellos, pero sus arrestos han generado un debate sobre una ley que, según expertos, es vaga y requiere una reforma urgente. La policía no ha proporcionado detalles sobre cómo se llevaron a cabo los interrogatorios a Mountbatten-Windsor y a Mandelson.

Documentos del gobierno de Estados Unidos recientemente publicados indican que ambos individuos tenían una relación cercana con Epstein y podrían haberle proporcionado información confidencial. En el caso del expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, se sugiere que entregó informes comerciales secretos durante su mandato como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

Por otro lado, los documentos también indican que Mandelson pudo haber compartido un informe interno del gobierno con Epstein, sugiriendo que presionaría para reducir impuestos sobre los bonos de los banqueros durante su tiempo como secretario de Negocios hace aproximadamente 15 años.

Ambos han negado haber cometido actos indebidos y no han hecho comentarios sobre las acusaciones recientes.

Un delito difícil de comprobar

La Fiscalía de la Corona define la mala conducta en el ejercicio de un cargo público como un "abuso o negligencia grave e intencional" de las responsabilidades de un funcionario. Para que se configure el delito, debe haber un vínculo directo entre la mala conducta y el abuso de las responsabilidades del cargo. La pena máxima por este delito es de cadena perpetua.

Sin embargo, los fiscales deben evaluar si las pruebas son suficientes para demostrar la mala conducta en cada caso. Los expertos señalan que probar este delito es extremadamente complicado y que la definición de "funcionario público" no es clara, lo que complica aún más el proceso.

La Comisión de Derecho ha señalado que la redacción de esta ley es imprecisa y poco útil, instando al gobierno a sustituirla por delitos más específicos. La preocupación radica en que la mayoría de los juicios por este delito han sido dirigidos a funcionarios de bajo y medio rango, dejando a altos directivos y políticos fuera del alcance de la ley.

Tras ser interrogados, Mountbatten-Windsor y Mandelson fueron liberados. El director general de PCD Solicitors, Marcus Johnstone, comentó que el umbral para lograr una condena es muy alto y que no espera que ninguno de los dos enfrente cargos. En caso de ser condenados, las penas podrían variar entre uno y diez años de prisión.

Se destaca que los casos en los que ministros o enviados comerciales son acusados de mala conducta son extremadamente raros y no existe una guía clara sobre las penas esperadas.