Bolivia anunció el congelamiento de precios de los combustibles por un año

El Gobierno de Bolivia ha decidido congelar los precios de la gasolina, el diésel y otros combustibles durante los próximos 12 meses. Esta medida, sin embargo, se complementará con un nuevo mecanismo de cálculo que atará los precios internos a la cotización internacional del petróleo y al tipo de cambio promedio del dólar, de acuerdo al Decreto Supremo 5652.

Este decreto, firmado por el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, modifica y añade disposiciones al Decreto Supremo N° 5516, que había sido aprobado en enero de este año.

Un aspecto relevante es que el nuevo marco también se aplicará al precio del GNV (gas natural vehicular), que no estaba incluido previamente en las normativas. Este cambio es parte de la reestructuración de la política energética del país, que enfrenta crecientes presiones fiscales debido al costo de las importaciones de combustibles y a los cambios en el régimen cambiario.

Con esta normativa, el precio de la gasolina especial permanecerá en 6,96 bolivianos por litro, mientras que el diésel se mantendrá a 9,80 bolivianos, sin cambios durante el próximo año.

La disposición también se extiende al gas natural vehicular (GNV), al gas licuado de petróleo (GLP) y a las gasolinas de aviación. Al concluir el periodo de congelamiento, el precio de los combustibles será determinado mediante una fórmula que combinará el valor internacional de compra en dólares, el tipo de cambio promedio del último mes y un "factor de ajuste". Este mecanismo incluirá por primera vez una indexación a las condiciones del mercado internacional.

El "factor de ajuste" se calculará dividiendo el valor de 10,4003 entre el tipo de cambio promedio mensual. Esto significa que el Estado seguirá asumiendo parte del costo de los combustibles cuando la cotización oficial del dólar supere ese umbral, manteniendo así un componente de subsidio para aliviar el impacto en los consumidores.

Este decreto representa un cambio significativo respecto al esquema que comenzó a implementarse a finales de 2025, cuando Bolivia inició el desmantelamiento gradual del sistema de tipo de cambio fijo que había estado vigente desde 2011. Esto obligó a redefinir los mecanismos para fijar los precios internos de los combustibles.

Además, el decreto permite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destinar hasta 1.000 millones de dólares a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir la diferencia entre los costos de importación y el precio de paridad internacional del petróleo, garantizando así el abastecimiento del mercado interno.

La normativa también establece que esta cartera de Estado puede aprobar recursos adicionales, incluso en moneda nacional, si YPFB lo requiere y cuenta con la certificación del Ministerio de Hidrocarburos o del ente regulador correspondiente.

La decisión forma parte del proceso de reforma del sector energético impulsado por el Gobierno de Paz Pereira, que incluye una nueva legislación para hidrocarburos, electricidad e inversiones, y busca reducir las distorsiones generadas por el creciente costo de las subvenciones.