Un histórico hotel en Salta podría cerrar por pagar $100 millones en juicios laborales

El Hotel Provincial Plaza de Salta, uno de los establecimientos más tradicionales de la capital provincial, atraviesa una delicada situación económica y podría cerrar por una serie de demandas laborales iniciadas tras un conflicto sindical ocurrido en 2021.

Carlos Issa, propietario del establecimiento, dijo a Cadena 3 que la empresa se encuentra concursada y que su futuro es "incierto". Según indicó, ya afrontó pagos millonarios por indemnizaciones y la cifra total podría acercarse a los $100 millones.

El conflicto comenzó en abril de 2021, cuando la actividad hotelera intentaba recuperarse de las restricciones impuestas durante la pandemia. De acuerdo con Issa, trabajadores y representantes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) intentaron ingresar al hotel y posteriormente bloquearon sus accesos durante 18 días.

El empresario sostuvo que las medidas de fuerza se realizaron en medio de una conciliación obligatoria e impidieron el normal funcionamiento del establecimiento. "Tuvimos que derivar huéspedes y cancelar reservas", señaló.

Issa calculó que el bloqueo provocó pérdidas por unos $600 millones. Tras los incidentes, la empresa despidió con causa a los trabajadores que consideró responsables y presentó denuncias penales.

La causa por el presunto delito de turbación de la posesión tiene 19 imputados, entre trabajadores y dirigentes sindicales. Sin embargo, mientras el expediente penal avanza con otros tiempos, la compañía afronta demandas promovidas por los exempleados.

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"Perdemos los juicios laborales porque no se tiene en cuenta la causa penal, mientras que el proceso penal se demora. Es una situación insólita y absurda", cuestionó el propietario.

Issa explicó que las indemnizaciones fueron calculadas bajo el régimen de duplicación vigente durante el gobierno de Alberto Fernández. También indicó que la magistrada que interviene en la causa penal rechazó tres planteos de prescripción y propuso a las partes explorar un posible acuerdo.

Al respecto, la diputada nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Verónica Razzini, respaldó al empresario y cuestionó con dureza el accionar del fuero laboral.

"Este es uno más de los cientos de casos que hemos atendido durante estos años. La Justicia laboral va totalmente a contramano de la Justicia penal y del sentido común", sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Razzini afirmó que numerosos establecimientos terminaron cerrando o vieron afectadas sus posibilidades de crecimiento como consecuencia de conflictos similares. "Tenemos una Justicia laboral que, durante muchos años y de la mano de la mafia sindical, buscó destruir el crecimiento y el desarrollo productivo de Argentina", expresó.

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Consultada sobre si los jueces laborales no comprenden la situación o si existen otros motivos detrás de sus decisiones, respondió: "Hay demasiados intereses". Además, advirtió que son pocos los magistrados de ese fuero que fueron sometidos a procesos disciplinarios.

Como antecedente, mencionó el conflicto de Lácteos Vidal y aseguró que, después de años de reclamos y exposición pública, se consiguió apartar a un juez que intervenía en una de las causas.

También recordó el bloqueo que sufrió su propia empresa en Santa Fe. Según relató, en aquella oportunidad la Justicia laboral tuvo en cuenta las imputaciones penales contra trabajadores y sindicalistas, rechazó los pedidos de reincorporación y consideró que los despidos con causa fueron correctos.

Razzini precisó que hasta 2023, cuando presidía el MEAB, la organización había brindado asistencia en 174 conflictos que incluyeron al menos un bloqueo empresarial.

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Actualmente, el movimiento es encabezado por Juan Gabriel Méndez, mientras que Razzini continúa acompañando a la entidad desde su función legislativa. En ese marco, destacó las reformas que incorporaron los bloqueos y las tomas de establecimientos como posibles causales de despido, además de las sanciones económicas para los sindicatos que organicen esas acciones.

La diputada también recordó que presentó un proyecto para tipificar específicamente el bloqueo de empresas como delito penal y establecer penas superiores a tres años para sus organizadores.

"Se va avanzando y hoy ya no es tan sencillo bloquear una empresa como lo era antes. Había una creencia en Argentina de que bloquear era ejercer el derecho de huelga, pero son cosas diferentes", planteó.

En ese sentido, sostuvo que detrás de esas protestas pueden existir delitos como amenazas, extorsión, daños y turbación de la posesión. "En la Justicia penal encontramos un resguardo para darles una solución a las empresas", agregó.

El MEAB solicitó una audiencia con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y busca presentarse en la causa como amicus curiae para respaldar la posición del establecimiento.

La crisis también provocó el traslado del hotel escuela que funcionaba en el lugar. "El hotel está abierto desde hace 55 años. Lo fundaron mi padre y mis tíos el 2 de enero de 1971", recordó Issa. "Por ahora, nuestro desafío es que cada día amanezca con las puertas abiertas", concluyó.

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Entrevista de Guillermo López y Adrián Simioni. Informe de Elisa Zamora.