Márquez y Asociados: detuvieron a tres dueños y a un contador de la constructora

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ha ordenado la detención de Ariel, Pablo y Matías Márquez, propietarios de Márquez y Asociados, junto con su contador. Fueron imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas.

Los detenidos ya se encuentran en el complejo carcelario de Bouwer, a disposición de la fiscalía.

Gavier confirmó las detenciones, indicando que "se han dispuesto cuatro imputaciones y detenciones en el día de hoy sobre tres hermanos Márquez y el contador Ramiro Nieva". 

Además, destacó que se han logrado secuestrar "bienes, dinero en efectivo y vehículos de alta gama", aunque no pudo proporcionar detalles específicos sobre los objetos recuperados.

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El fiscal considera que existe un "poder económico" por parte de los detenidos que podría perjudicar la investigación, lo que justifica las detenciones. "Es evidente que hay pruebas suficientes para pedir la detención", afirmó Gavier. A pesar de que los abogados de los Márquez intenten llegar a un acuerdo con los denunciantes, el fiscal advierte que "el delito ya se cometió".

La situación es compleja, ya que los empleados de la firma también reclaman el pago de sus sueldos. La fiscalía sostiene que los Márquez continuaron ofreciendo servicios sabiendo que no podían cumplir con sus obligaciones. 

Cientos de familias, con el sueño de tener su casa propia, aseguraron haber sido defraudadas tras entregar todos sus ahorros a la firma, que les prometió construir viviendas en distintos puntos de la provincia y del país. Las acusaciones indican que la empresa no cumplió en tiempo y forma.

El abogado Federico Pizzicari, representante de numerosos denunciantes, afirmó a Cadena 3 que "alrededor de 20" personas fueron afectadas, pero estimó que el número real de damnificados supera las 10.000 a nivel nacional. "La gran mayoría de los damnificados pagaron completamente la casa, pero nunca la recibieron", explica Pizzicari.

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La investigación reveló que los hermanos Marques operaban un sistema que prometía la entrega de viviendas a cambio de pagos. Sin embargo, los contratos no se cumplían y los plazos se extendían indefinidamente. "Ellos hacían una adenda y te decían que te la iban a entregar en 2027", detalló Pizzicari.

El abogado destacó que muchos afectados continuaron realizando pagos adicionales debido al temor de perder su inversión. "El miedo de quedarte sin nada hace que sigas pagando por esa ilusión", señaló Pizzicari, quien también mencionó que la empresa fue condenada a pagar 260 millones de pesos por Defensa del Consumidor, aunque aún hay numerosas denuncias pendientes.

Las víctimas esperan que la investigación permita recuperar sus fondos, aunque Pizzicari advirtió que "en muchos casos, no lo logramos".

Informe de Francisco Centeno. Entrevista de Miguel Clariá.