En barrio Yapeyú, la frontera entre la calle y la cárcel es cada vez más difusa

La violencia extrema no da tregua en barrio Yapeyú, de la ciudad de Córdoba. Un sector, copado por la venta de drogas, en el que las disputas territoriales no se han detenido pese a que la Justicia ya ordenó diferentes allanamientos que terminaron con algunos detenidos. Una zona que deja de manera expuesta cómo las armas de fuego corren de manera descontrolada por las calles de la Capital cordobesa.

Y que, al mismo tiempo, vuelve a dejar en evidencia cómo los delincuentes hoy presos continúan manejando los hilos muros afueras. Ladrones, traficantes y homicidas que, si bien en su momento quedaron detenidos, jamás fueron apartados del todo de la sociedad, gracias al millonario contrabando de celulares al interior de las penitenciarías de Córdoba.

Entre el jueves 29 de enero y el sábado 31 del mismo mes, en sólo 48 horas, las calles de Yapeyú se transformaron en un escenario de violencia extrema.

Aquel jueves, un sicario que filmaba el ataque, llegó hasta una casa con un encargo: matar a una hermana de una joven que está presa por un homicidio ocurrido en el mismo barrio. Celular en mano, baleó a quien hacía poco alquilaba allí, y que era ajena a cualquier disputa. El sicario, equivocado, le disparó desde corta distancia y la joven salvó su vida sólo de casualidad, tras ser alcanzada por un tiro en un muslo. 

El asesino a sueldo, filmó todo el ataque, ya que debía documentar el “trabajo” encargado. 

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La fiscal Silvana Fernández, a cargo de esta investigación, sostiene que todo fue mandado desde la cárcel, por una disputa entre dos internas. Días después, en villa El Capullo, fue detenido Diego Emilio Salazar (38), cuya situación se complicó en los últimos días a raíz de la prueba recolectada en la causa.

El viernes siguiente, en otro caso que no estaría conectado al del sicario, tres adolescentes de 16 y 17 años balearon una casa, en medio de una espiral de amenazas cruzadas que se había ido agigantando con el paso de las horas. En aquel tiroteo, en el que dispararon al menos 21 balazos, dejaron paralítica a Luna López (22), que estaba adentro de la vivienda atacada. 

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Una hermana de Luna había sido novia de uno de los adolescentes de 16 años. Tras la separación, los jóvenes comenzaron a reclamarse diversas pertenencias, en una disputa que terminó de la peor manera, a los tiros. Así suele suceder en Yapeyú. Hoy, investiga una fiscalía de Violencia Familiar.

Semanas después, también fue detenido Juan José Juárez, “el Negro Juan” un joven mayor de edad, con pasado “tumbero”, sospechado de ser uno de los proveedores de las armas de los adolescentes.

Su captura tuvo una fuerte repercusión. Atrincherado en una casa de barrio Pueyrredón, recién cuando su madre comenzó a arengarlo desde la calle, rodeada de policías, “el Negro Juan” se entregó fumando un cigarrillo.

Un video que días antes él mismo se había grabado, arriba de una azotea, con un chaleco antibalas de la policía, una pistola y una ametralladora, pronto se hizo viral.

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Al igual que el sicario, “el Negro Juan” también documentaba su poder de fuego.

Tras balear y dejar paralítica a Luna, el sábado 31 de enero, la noche siguiente los adolescentes de 16 y 17 años sometieron a otra joven, amiga de una hermana de uno de ellos. Pasados de drogas, con una pistola, juraron a la “ruleta rusa” con ella: le iban disparando en la cabeza, sin que el balazo saliera.

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El domingo 1 de febrero, los jóvenes fueron detenidos. Luego, caerían el supuesto sicario y “el Negro Juan”. Tras 15 días de convulsión, de pronto comenzó a callarse el ruido alrededor de barrio Yapeyú.

Pero la realidad no se alteró. A partir de fuentes vecinales, policiales y judiciales, Cadena 3 logró establecer que en los últimos días hubo varias balaceras dentro del barrio. Siete tiroteos que en un principio no estarían conectados entre sí. Algunos por disputas territoriales, otros por violencia familiar y por peleas entre vecinos.

Incluso, algunas de estas balaceras ni siquiera originaron causas en Tribunales, porque los afectados prefirieron no denunciar.

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