El abogado de la familia Maradona justificó el pedido de detener a Makintach

La querella que representa a la familia de Diego Maradona pidió el jueves la detención de la ex jueza Julieta Makintach en el marco de la causa penal que investiga la realización de un documental vinculado al juicio por la muerte del astro. La solicitud fue presentada por el abogado Fabián Amendola, integrante del estudio que encabeza Fernando Burlando.

Amendola explicó en diálogo con Cadena 3 que el pedido se fundamenta en la existencia de riesgos procesales, a partir de una serie de episodios en los que la ex magistrada habría interpelado y abordado a testigos que declararon en su contra. Según detalló, esas conductas "hacen pensar que su intención es obstaculizar la investigación", en una causa cuya calificación legal contempla un máximo de hasta 18 años de prisión.

Además de la detención, la querella solicitó medidas alternativas, como la prohibición de salida del país, la restricción de contacto con testigos y la prohibición de hacer referencias públicas a la causa que llegará a juicio oral por la muerte de Maradona. Para los familiares del ex futbolista, Makintach ya no tiene intervención en ese expediente.

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El abogado también se refirió al episodio del 15 de mayo, cuando —según afirmó— la ex jueza "asaltó la presidencia del tribunal" y se sentó en el lugar del titular durante un cuarto intermedio, pese a no integrar de manera permanente el cuerpo que llevaba adelante el juicio. Ese hecho derivó en un planteo de recusación, tras trascender que en los primeros días del debate se habían registrado imágenes para un documental.

Amendola sostuvo que la querella desconocía por completo esa situación y que la denuncia presentada permitió confirmar la existencia del proyecto audiovisual. La fiscalía secuestró documentación que, indicó, acredita un presupuesto estimado de 800 mil dólares. "No era una nota casera para una amiga de la infancia, como ella dijo", afirmó.

Makintach enfrenta cargos por peculado, malversación de caudales públicos, cohecho pasivo, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionaria pública, en un concurso que —según la acusación— agrupa distintos hechos y eleva la posible pena a casi dos décadas de prisión.

La Justicia deberá ahora evaluar los pedidos y resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por la querella.

Entrevista de Rodolfo Barili.