Diputados aprobó en general la reforma laboral y ahora deberá volver al Senado

En una jornada signada por la tensión política y el impacto del paro general convocado por la CGT, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa reunió 135 votos a favor y 115 en contra, en un recinto marcado por la polarización, cruces verbales y negociaciones contrarreloj.

El texto, sin embargo, deberá regresar al Senado —cámara de origen— para ratificar las modificaciones introducidas, entre ellas la eliminación del artículo 44, que proponía reducir las remuneraciones durante las licencias médicas y que había despertado fuertes cuestionamientos tanto en la oposición como en sectores sindicales.

Sobre el final de la sesión, el kirchnerismo intentó sin éxito levantar el debate mediante una moción de orden, en medio de una presencia fluctuante de legisladores en el recinto. Sin embargo, el oficialismo logró sostener el quórum y avanzar hacia la votación.

Tras la votación en general, la Cámara avanzó con el tratamiento en particular del articulado, que se extendió durante la madrugada. En ese tramo, el oficialismo logró aprobar uno de los títulos más polémicos de la reforma: el Título II, que propone la creación de un fondo destinado a financiar las indemnizaciones por despido.

La votación arrojó 130 votos positivos, 117 negativos y tres abstenciones, reflejando nuevamente la paridad que dominó toda la sesión. El capítulo había sido uno de los principales focos de resistencia de los bloques opositores, que advirtieron sobre eventuales impactos en el sistema previsional y cuestionaron el nuevo esquema de financiamiento.

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Sobre el final de la sesión, los libertarios y sus aliados superaron el último obstáculo y aprobaron, aunque en una votación más ajustada, el título que incluye la derogación de media decena de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista. La votación arrojó 126 votos positivos, 119 negativos y 5 abstenciones.

Durante el debate, bloques opositores —encabezados por Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la izquierda— cuestionaron con dureza la iniciativa. Sostuvieron que el proyecto implica un retroceso en derechos laborales, lo calificaron de inconstitucional y advirtieron que, de convertirse en ley, será judicializado.

El oficialismo, por su parte, defendió el texto bajo el argumento de que apunta a modernizar el mercado laboral, promover la formalización del empleo y dotar de mayor flexibilidad a las relaciones de trabajo. El proyecto, de más de 200 artículos, introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo.

Entre los puntos más relevantes, se propone una modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido, la habilitación del fraccionamiento de las vacaciones y la implementación del banco de horas como alternativa al pago tradicional de horas extra. Asimismo, se prevé la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

El texto también contempla la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña, la limitación del derecho de huelga y un rediseño del esquema de negociaciones colectivas, priorizando acuerdos de empresa o regionales por sobre convenios sectoriales.

Con la aprobación en general ya consumada, el Gobierno acelera los tiempos legislativos. La expectativa del Ejecutivo es que el presidente Javier Milei pueda exhibir la sanción definitiva de la ley el próximo 1° de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

En ese marco, la conducción del bloque oficialista en el Senado ya convocó para este viernes a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo será emitir dictamen sobre el texto modificado en Diputados y avanzar hacia su tratamiento en el recinto en los próximos días. Solo entonces, la reforma quedará formalmente convertida en ley.

La jugada de la oposición que pudo cambiar la votación

En medio de un recinto marcado por la paridad y las negociaciones de último momento, el oficialismo logró sostener el quórum y desactivó un intento de la oposición de interrumpir el debate y devolver la iniciativa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La maniobra fue impulsada por el kirchnerismo mediante una moción de orden, en un momento en que varios legisladores se encontraban fuera del recinto. La sesión quedó momentáneamente interrumpida, pero una vez restablecido el número reglamentario, la votación favoreció al oficialismo, que impuso su mayoría circunstancial y mantuvo el cronograma previsto.

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El episodio se produjo en una sesión que desde el inicio exhibió un escenario de extrema paridad. Cuando el tablero marcó 130 diputados presentes, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por iniciado el debate apenas minutos antes del límite reglamentario. En el tramo final del conteo, el ingreso de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, junto con representantes de Tucumán y Catamarca, resultó determinante para habilitar la discusión.

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El quórum volvió a reflejar la relevancia de los acuerdos con bloques aliados y espacios provinciales. A los 95 diputados de La Libertad Avanza se sumaron representantes del PRO, la UCR, el MID y legisladores referenciados en gobernadores. En ese esquema, las delegaciones de San Juan, Catamarca, Tucumán, Misiones y Santa Cruz tuvieron un papel decisivo.

La cronología de una sesión crítica

Superado el primer obstáculo, el oficialismo avanzó con su estrategia para ordenar el desarrollo del debate. El diputado libertario Gabriel Bornoroni propuso aprobar el plan de labor de la Presidencia con una votación a mano alzada, fijando tiempos de 20 minutos por dictamen y un total de 40 oradores distribuidos proporcionalmente. Además, se estableció que la votación se realizaría por títulos, descartando el tratamiento artículo por artículo que reclamaba la oposición.

La moción generó un inmediato rechazo de Unión por la Patria. Gerardo Martínez, jefe de esa bancada, acusó al oficialismo de “ofrecer packs a los socios” para asegurar respaldos. Sin embargo, llevada a votación, la propuesta libertaria se impuso. Más tarde, la oposición intentó modificar el esquema, pero la moción fracasó con 107 votos afirmativos y 136 negativos, lo que dejó firme el plan oficialista.

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El arranque de la sesión estuvo marcado por fuertes cruces reglamentarios y protestas opositoras por la modalidad de votación. El tono áspero se mantuvo durante toda la tarde, en un debate que combinó cuestionamientos técnicos, discursos encendidos y episodios de alta carga simbólica.

Con la exposición del correntino Lisandro Almirón, miembro informante del dictamen de mayoría, se inició formalmente la discusión del proyecto. El legislador defendió la iniciativa al plantear que el actual marco normativo “rígido y anacrónico” constituye una barrera para la generación de empleo formal.

“¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo?”, sostuvo Almirón, en medio de abucheos opositores. El discurso derivó en un momento de tensión cuando el kirchnerista Aldo Leiva se acercó a su banca para increparlo, en una escena que reflejó el clima crispado del recinto.

Críticas opositoras y acusaciones cruzadas

Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola cargó contra los gobernadores que facilitaron el quórum, al denunciar “negociaciones repugnantes” que —según afirmó— implican un retroceso histórico en materia laboral.

En la misma línea, Esteban Paulón, de Provincias Unidas, calificó la iniciativa como “antilaburante” y cuestionó la figura del banco de horas. “¿Qué es el banco de horas sino la disposición del tiempo libre por parte del empleador?”, planteó.

La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, defendió el concepto de “trabajo digno” como motor de ascenso social y advirtió sobre la derogación de estatutos profesionales