Clínicas privadas anunciaron un corte de atención al PAMI para el 21 y 22 de octubre

Clínicas privadas representadas por cuatro entidades del sector anunciaron que suspenderán durante 48 horas la atención a afiliados del PAMI, el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre, en reclamo de una actualización de los aranceles y cambios en las condiciones de contratación. La medida, que en principio no alcanzaría a las emergencias, continúa prevista pese a las negociaciones con la obra social.

El anuncio fue realizado por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia. En conjunto, representan a más de 100 instituciones de distintos puntos del país.

Las organizaciones sostienen que necesitan “una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones” y advierten que el deterioro económico de los prestadores puede repercutir en todo el sistema sanitario.

Desde el PAMI señalaron que el diálogo permanece abierto y que el jueves 22 está prevista una reunión de equipos técnicos. También aseguraron que el viernes pasado alcanzaron un entendimiento para aumentar los aranceles de determinadas prácticas clínicas, que, según la obra social, representa prácticamente una recomposición equivalente a la inflación acumulada de 2026.

Las cámaras, sin embargo, consideran insuficiente la propuesta frente al atraso de los pagos. Tras ese encuentro, ratificaron que la suspensión seguía en pie, aunque anticiparon una consulta a las instituciones asociadas para este lunes 19, con el objetivo de definir si mantienen la protesta.

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Según datos del sector, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumuló un 241,8%, mientras que la cápita que abona el PAMI aumentó un 110,55% en promedio. Con ese punto de partida, los prestadores calculan que sería necesaria una suba cercana al 62% para equiparar ambas variaciones.

El desfasaje es mayor si se toma un período más extenso. Un índice de Capress muestra que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, la cápita del segundo nivel de atención subió un 447,47%, frente a una inflación del 942,35%, de acuerdo con los datos del Indec citados en el informe.

Ese nivel comprende principalmente internaciones, cirugías de baja y mediana complejidad y otras prestaciones de alta utilización entre los afiliados. Según esos cálculos, los aranceles deberían aumentar más del 90% para recuperar la relación que tenían con los precios al inicio de 2023.

En el mismo período, los medicamentos acumularon un incremento del 1.181,70%, según un índice de la cámara elaborado con información de distintas fuentes, entre ellas el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos.

Las clínicas indicaron que durante 2026 hubo ajustes del 1,9% en junio y del 8% en julio para algunas prácticas, además de un adicional para prestadores de internación que superan determinadas tasas de uso. Advirtieron que las mejoras varían según el servicio y que se perciben a 90 días.

Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro, señaló que las clínicas de la Patagonia recibieron este año un aumento del 8%, aplicado solamente a una parte de los servicios.

“El grupo de alta complejidad tuvo cero aumento e, inclusive, en octubre hay una disminución de los precios en ese grupo, y un sistema de limitación de prestaciones de hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía”, sostuvo.

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Sobre la propuesta presentada el viernes, explicó que el PAMI asumió un compromiso de actualización vinculado con las paritarias firmadas el jueves anterior. A su criterio, esa mejora no cubriría la inflación anual ni resolvería el atraso acumulado.

“No resuelve el problema de fondo, el tremendo retraso de precios”, afirmó. De todos modos, reconoció que el ofrecimiento abre un nuevo escenario y que corresponde consultar nuevamente a los asociados.

Sabalette estimó que, al considerar los servicios con y sin aumentos, la actualización promedio durante los primeros nueve meses del año no superó el 4% o el 5%, con diferencias según la complejidad de cada clínica. En ese período, el IPC general avanzó un 22,6%.

El conflicto también abarca las condiciones de atención de los casi seis millones de afiliados. Los prestadores cuestionan los cupos establecidos para determinadas prácticas y afirman que, en los últimos meses, el PAMI comenzó a derivar contratos hacia hospitales públicos, con la consecuente pérdida de pacientes asignados a clínicas privadas.

Las entidades reclaman regularizar los pagos, revisar el modelo de atención y fortalecer las contrataciones con el sector privado, que, según señalaron, concentra el 56% de las camas del país. También advierten sobre una mayor presión sobre los hospitales públicos.

En el comunicado, indicaron que no recibieron respuesta a un pedido de audiencia urgente enviado el 14 de septiembre al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Buscan plantearle una reforma tributaria para el sector y una solución para las cerca de 5.000 entidades que mantienen deudas fiscales.

Esas instituciones están amparadas por una disposición, prorrogada en distintas oportunidades durante las últimas décadas, que impide a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar ejecuciones por obligaciones impagas.

La protesta tiene antecedentes recientes. A fines de agosto, clínicas de la Patagonia suspendieron la atención durante 24 horas. Según las cámaras, también hubo medidas que afectaron los servicios en el conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza.

Informe de Ariel Rodríguez.